Detienen de nuevo al exalcalde de Alcaucín por el 'caso Arcos'

Entre los arrestados se encuentran funcionarios de segundo nivel de la Gerencia del Catastro en Málaga y del Patronato de Recaudación Provincial de la Diputación, un abogado y el exjefe adjunto de Arquitectura del ente supramunicipal, José Francisco Mora, que al igual que José Manuel Martín Alba, ya fue detenido en los inicios de la investigación. La operación continúa abierta y no se descartan más arrestos.

La detención de Martín Alba y de Mora se ha producido sobre las ocho de la mañana en Alcaucín y la capital malagueña respectivamente, según han informado fuentes judiciales, que han precisado que en el caso del exjefe de Arquitectura de Diputación, se ha llevado a cabo cuando se dirigía a su trabajo.

La Guardia Civil registra desde primera hora de la mañana las sedes de la Gerencia del Catastro y de su archivo, la Unidad de Gestión Catastral del Patronato de Recaudación, despachos de abogados y domicilios de particulares. Sobre las ocho de la tarde ha concluido el registro.

Los agentes han estado mirando documentación y ordenadores en la sede del Patronato de Recaudación, donde han solicitado datos catastrales en relación con los mandatos del exalcalde de Alcaucín.

Este Patronato se encarga del cobro de los impuestos de 95 de los 101 municipios de la provincia y a sus oficinas centrales, situadas en el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA), a las afueras de Málaga, llegaron a las 8.00 horas de hoy seis vehículos del instituto armado.

Esta misma mañana, media docena de guardias civiles custodiaba la entrada de la Gerencia del Catastro situada en la segunda planta del edificio del Ministerio de Hacienda, en el centro de la ciudad, mientras que hay vehículos del instituto armado en las inmediaciones de ese inmueble.

Ciudadanos que tenían cita para efectuar gestiones en estas oficinas se han tenido que marchar al no poder ser atendidos, en algún caso con la excusa de haberse producido un fallo informático.

Esta investigación se inició a raíz de una documentación intervenida en el 'caso Arcos', de la cual se infiere que podrían haberse alterado datos del catastro para legalizar terrenos no urbanizables, según fuentes cercanas a la investigación.

La operación se centra en los supuestos delitos de cohecho, falsificación de documento público, estafa, tráfico de influencias y prevaricación. Las pesquisas están siendo dirigidas por el juzgado de instrucción número 3 de Vélez-Málaga y la Fiscalía Anticorrupción y cuenta con la colaboración de funcionarios de la Dirección General del Catastro del Ministerio de Hacienda.

El portavoz del equipo de gobierno de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, que esta misma mañana convocaba a los medios a las doce y media de la mañana para informar sobre los registros, ha comunicado que la Guardia Civil está llevando a cabo una investigación en la Unidad de Gestión Catastral del Patronato de Recaudación Provincial de la Diputación y que los agentes están solicitando una serie de expedientes desde el año 2001 en adelante. También ha señalado que se está investigando a cuatro funcionarios que trabajan en esa unidad, pero ha apuntado que no le consta que estén detenidos.

Investigación abierta

El 27 de febrero se cumplieron tres años desde que se destapara la presunta trama corrupción. La operación, que se inició con la detención de trece personas, entre ellas el exalcalde, José Manuel Martín Alba, que llegó a permanecer tres meses en prisión, suma ya un total de 55 imputados, cinco más que hace un año, dado que todavía continúan las investigaciones por parte de la titular del Juzgado número 3 de Vélez-Málaga, Irene Urbón, encargada de instruir el caso. Entre los imputados figuran técnicos, promotores y particulares.

De hecho, 36 meses después la jueza todavía mantiene el secreto de una de las nueve piezas separadas abiertas y que están relacionadas con el tronco principal de la investigación, ante el riesgo de destrucción o manipulación de pruebas. No obstante, la mayor parte del sumario, que supera los 15.000 folios, hace tiempo que no está bajo secreto.

El pasado mes de septiembre la titular del juzgado dictaba un auto dejando sin efecto la prohibición de poder salir fuera del territorio nacional que pesaba sobre los imputados.

La medida se producía dos años y medio después de que se comenzara a investigar la presunta trama de corrupción en el municipio. El auto se produjo en respuesta a una petición de la representación procesal de uno de los imputados solicitando la anulación de la medida cautelar de prohibición para salir del territorio nacional.

Las investigaciones se centran no sólo en las actividades del que fuera alcalde de la localidad, José Manuel Martín Alba, conocido también como Pepe Calayo, y su presunta relación con las operaciones urbanísticas desarrolladas en la localidad, sino también en todos los convenios urbanísticos suscritos por el Ayuntamiento, fundamentalmente a partir del año 2000 e incluso anteriores, así como en las reparcelaciones de terrenos realizadas en el municipio.

Martín Alba permaneció en prisión provisional durante tres meses, entre el 3 de marzo y el 6 de junio. La salida de la cárcel del exregidor se produjo tras hacer efectiva una fianza de 120.000 euros.

El exalcalde, que dimitió del cargo tras ser detenido -llevaba a frente del Consistorio como regidor desde 1991-, ha conseguido volver a estar en la corporación después de presentarse en las pasadas elecciones municipales como cabeza de lista del Partido Independiente Sierra Tejeda de Alcaucín (PITA), formación que obtuvo dos concejales. Martín justificó su decisión de concurrir a las municipales y volver a estar en el Ayuntamiento por entender que con su experiencia, capacidad y ganas de trabajar podía ayudar a sacar a Alcaucín «del hoyo en el que está metido».

Imputados

Entre los 55 imputados figuran el exjefe del Servicio de Arquitectura de la Diputación, José Francisco Mora; las dos hijas del exalcalde, Sonia y Mónica Martín; el exarquitecto técnico del Ayuntamiento, Francisco Lorca, y la exasesora jurídica durante tres años del exalcalde y exconcejala de Urbanismo en el Ayuntamiento de Torremolinos, María Isabel Llamas, así como diversos constructores, promotores y particulares.

El Consejo General del Poder Judicial nombraba en octubre de 2010 a una jueza sustituta para apoyar a la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3, Irene Urbón, en el expediente de diligencias previas 3164/08 que corresponde al "Caso Arcos".

Gracias a este nombramiento, Urbón ha contado con el apoyo de una jueza durante nueve meses, lo que le ha permitido centrarse en la instrucción del caso de manera casi exclusiva.