Un nutrido grupo de colectivos sociales de la provincia han decidido unir sus fuerzas para protestar contra los recortes en la aplicación de la Ley de Dependencia incluido en el plan de ajustes del nuevo Gobierno para reducir el déficit público del Estado y que, según los cálculos de la Junta de Andalucía, afectará directamente a unos 7.400 dependientes en Málaga, que tienen una valoración ya realizada del grado I-nivel II de incapacidad aunque aún no han accedido a las ayudas públicas ni lo harán al menos hasta 2013.
La Federación de Discapacitados Físicos de Málaga, la ONCE, la Federación Andaluza de Enfermedades Mentales (FEAFES); Gota Roja; Mar Abierto; Pangea, Amapacce; Prodiversa; ASIT; Faisem; los sindicatos CCOO y UGT; las federaciones de asociaciones de vecinos Solidaridad, Unidad y Civilis, además de la Federación de Padres y Madres de Alumnos (AMPAS) son las entidades que, hasta el momento, han suscrito un manifiesto en el que exigen al Ejecutivo de Mariano Rajoy que "dé marcha atrás a su bloqueo" a la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. "Los firmantes entendemos que la aplicación de la Ley de Dependencia es innegociable, por cuanto protege a un colectivo especialmente vulnerable y contribuye a garantizar un pilar básico del Estado del Bienestar".
Asimismo, los colectivos expresan su "más absoluto rechazo a que esta decisión se haya tomado sin contar con el Consejo Territorial ni los órganos de participación y asesoramiento que establece la ley", criticando que se trata de una decisión "poco meditada y cargada de fuertes dosis de improvisación".
Además, ponen en duda que la medida implique un ahorro económico que la justifique, a la vez que abogan por desterrar el término 'gasto social' y hablar directamente de 'inversión social'.
Beneficiados en Málaga
Según estos colectivos, en la provincia son más de 29.000 las familias que se benefician de las prestaciones contempladas en la normativa como la teleasistencia o la ayuda a domicilio. En este punto, mantienen que la Ley de Dependencia, desde su entrada en vigor hace cinco años, es "una de las medidas de mayor justicia social en España dado que, por un lado se protege a personas en situaciones adversas y, por otro, se reconoce la figura del cuidador, en su mayor parte mujeres de más de 50 años que entregan su vida para atender a un familiar.
Las distintas entidades sociales darán a conocer públicamente el manifiesto mañana viernes en la sede de la ONCE de la calle Cuarteles, donde también tienen previsto anunciar otras actuaciones en defensa de las personas dependientes.
