El sumario señala infravaloraciones en convenios urbanísticos

Así habla de los convenios de Arroyo Enmedio Este, con un desfase de 10,4 millones de euros; Valle Romano, de 7,2 millones de euros; el Camino del Cerrillar, de 3,7 millones, y el de El Ángel, de 649.000, según los informes periciales emitidos por un arquitecto de la Agencia Tributaria experto en valoraciones inmobiliarias.

En un documento de once páginas de junio de este año conocido tras el reciente levantamiento de la totalidad del secreto de sumario del caso y al que ha tenido acceso Efe, el fiscal Valentín Bueno argumenta la consistencia de la investigación en la gravedad de lo investigado y en numerosas irregularidades detectadas.

En respuesta al recurso de apelación de un imputado en la causa que pedía la nulidad de las actuaciones, el fiscal señala que a la infravaloración de convenios, "podría añadirse los contratos y facturas fraudulentas en perjuicio de Empladus y de la hacienda municipal descubiertos en una investigación de la Agencia Tributaria".

En el mismo sentido, añade que "los contratos y adjudicaciones irregulares que se vienen detectando en el análisis de la documentación intervenida en los registros o el hallazgo y bloqueo en Andorra de 10 millones de euros depositados en cuentas familiares de Pedro López, exgerente de Urbanismo del equipo de gobierno, cuya lícita procedencia no ha podido acreditar".

Sobran por tanto -según el ministerio público- las "inútiles descalificaciones" que la parte recurrente viene dirigiendo a los denunciantes del caso, los ediles David Valadez y Cristina Rodríguez, "quienes se limitaron a cumplir con la obligación de denunciar el delito aún a riesgo de comprometer no sólo su futuro político sino también su seguridad personal".

El fiscal añade en su escrito que "lo verdaderamente incomprensible es que en un Ayuntamiento plagado de irregularidades, donde trabajan más de mil personas, sólo ellos se atrevieran a cumplir con ese deber cívico".

Como el recurrente se empeña en afirmar que el juez sólo consideró y valoró en su auto meras sospechas no corroboradas, el ministerio público señala "que no sólo investigan delitos menores sino infracciones graves, relacionadas con la corrupción y que producen una gran alarma social".

Deja claro el fiscal que los investigadores no se limitaron, como sugiere el recurrente, a reproducir los hechos denunciados sino que en un trabajo que dura varios meses procesan, ordenan y analizan en cien folios toda la información disponible.

Simultáneamente, la Agencia Tributaria viene desarrollando una ingente investigación patrimonial que afecta a más de 120 personas y sociedades y ha generado comisiones rogatorias.

La operación del caso Astapa se destapó el 17 de junio del 2008 con 25 detenciones, entre otras, del entonces alcalde del PSOE, Antonio Barrientos; el que era su jefe de gabinete, José Flores, y los concejales del grupo político local PES Ignacio Crespo y Manuel Reina.

Estos cuatro fueron a prisión, dejaron la cárcel casi seis meses después tras pagar cada uno una fianza de 150.000 euros y fueron imputados por delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraude y blanqueo de capitales.

Una quinta persona estuvo en prisión, un técnico municipal; también fueron arrestados empresarios y son ya 99 los imputados por este caso, 19 de ellos en libertad bajo fianza.