La escasa demanda de la ayuda de 420 euros destapa la economía sumergida

En agosto, cuando el Ministerio de Trabajo anunció la puesta en marcha de una ayuda de 420 euros para los parados que hubieran agotado la prestación anterior, el cálculo era que esta beneficiaría a unas 6.000 personas en la provincia de Málaga. Según los datos facilitados por el Servicio Público de Empleo Estatal (antiguo Inem) con fecha 9 de octubre se habían recibido 2.815 solicitudes a nivel provincial. Esto es, menos de la mitad de las previstas.

En Marbella, los datos son elocuentes. Menos de 200 personas en situación de desempleo han solicitado acogerse a esta prestación: 116 lo hicieron en la oficina de Marbella y 53, en la de San Pedro. En la oficina de Estepona la instancia fue rellenada por 93 desempleados. Unas cifras que están muy por debajo de las expectativas.

¿Qué razones pueden llevar a alguien que tiene derecho a una subvención a fondo perdido durante seis meses a no pedirla? Aunque no es la única causa que explica la baja repercusión de esta iniciativa, una de las principales parece ser la obligación de asistir a cursos de reciclaje profesional, algo incompatible con el horario laboral en aquellos casos en que el perceptor esté realmente trabajando, e implica por tanto un mayor riesgo de ser descubierto.

Esto no ocurre con la prestación por desempleo tradicional, en que la única obligación es acudir periódicamente a la oficina a confirmar que sigue en paro. Pero las fuentes consultadas apuntan otras, como la falta de información y las restricciones que impuso el propio Ejecutivo para acceder.

Vigencia corta

Antonio Herrera, secretario provincial de CC.OO., asegura que unas 60.000 personas residentes en Málaga ya no tienen ninguna prestación por desempleo pese a constar como parados. «Si no se ha producido ya un estallido social es por el auge de la economía sumergida», asegura, tajante. Con todo, el líder sindical considera que se produce un cúmulo de circunstancias que hacen que la gente no solicite la prestación, como su corto tiempo de vigencia (seis meses), los requisitos, que son difíciles de cumplir y la falta de medios para combatir la contratación irregular.

La jefa de la Inspección de Trabajo en Málaga, Mercedes Muñoz, reconoce que se ha producido un fuerte incremento de las sanciones a empresas por tener a trabajadores sin contrato en los dos últimos años y, aunque reconoce que no tiene datos, cree que la baja demanda de la ayuda extraordinaria podría ser una manifestación de ese fenómeno. «No llegan a estar al límite de pedir la ayuda; aunque no tengan trabajo ni prestación, realmente están ingresando, aunque no cotizan a la Seguridad Social».

Desde las filas de la patronal, el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Santiago Herrero, se refirió días pasados a la escasa repercusión de la medida impulsada por el Ministerio de Trabajo, que justificó por el auge del empleo irregular, y recordó que a nivel andaluz sólo 28.000 personas han solicitado la subvención de 420 euros frente a los 700.000 posibles beneficiarios que calculaba el Ejecutivo.

El vicepresidente de la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM), Javier González de Lara, pone el acento en que esa ayuda sería mucho más eficaz si se destinara a las empresas -«que son las que verdaderamente generan empleo», recuerda- en lugar de seguir engordando la deuda del Estado.

En el capítulo de valoraciones políticas, la diputada del PP por Málaga, Celia Villalobos, considera que este dato significa «el fracaso de la política económica del Gobierno, después de tres años de prestaciones, y de un Decreto que nace sin acuerdos con las comunidades autónomas». Su formación ha presentado una enmienda para que también beneficie a las empresas.

Por el contrario, el diputado socialista Miguel Ángel Heredia defendió la iniciativa, que, a su juicio, beneficia ya a casi tres mil malagueños, «una cifra considerable si tenemos en cuenta que es una medida nueva que requiere un tiempo para implantarse».