Peter Caruana elige a Alonso Rojas para la creación de una Fundación Transfronteriza

Desde el inicio de sus trayectorias políticas siempre ha habido buena sintonía entre ambos. De hecho el Ayuntamiento barreño fue la primera institución española que firmó un convenio con Gibraltar, todavía vigente.

Cuando Rojas anunció su dimisión Caruana ya comunicó públicamente que se iba «un amigo» y destacaba el trabajo que ha realizado tanto «fomentando la buena vecindad como por el desarrollo de Los Barrios». Por tanto la convocatoria de prensa de ayer fue una despedida institucional y de paso sirvió para presentar este nuevo proyecto, que aún tiene que ir definiéndose.

Tanto Caruana como Rojas parten de la base de sus «desacuerdos» en aspectos del contencioso entre España y Gibraltar, pero dejan de lado estas diferencias para centrarse en aquellos aspectos que sirvan de unión y puedan fomentar la política de buena vecindad a los dos lados de la verja.

El ministro principal propuso una Fundación Transfronteriza, «que aboge por ese buen entendimiento y sirva de marco, de plataforma, para que tenga cabida gente que siga trabajando con este interés». Además, matizó que no «debe ser exclusivo de la política».

Por su parte Rojas agradeció el ofrecimiento y comentó que «será una fundación sin ánimo de lucro, que intentará poner en marcha actividades culturales y aunar esfuerzos en pro de la vecindad, desde el ámbito social».

Distintos participantes

Al término de la rueda de prensa Caruana y Rojas compartieron un almuerzo en el que siguieron concretando aspectos de la nueva fundación. Ante los periodistas el ministro principal apuntó que la intención es «contar con la experiencia de políticos y sindicalistas, en activo y también retirados, que puedan contribuir. No hace falta que sea enorme, pero queremos contar con aquellas personas que tengan un talante similar a uno y otro lado para fomentar las políticas de buena vecindad».

Además de hablar de ese tema, en el turno de preguntas se trataron otras cuestiones. Como marca la actualidad, Rojas se pronunció sobre el futuro político de Los Barrios, expresando su deseo de que «todo irá bien» con la llegada de Ángeles Ariza a la Alcaldía.

Por otra parte, reclamó mayor celeridad a las integrantes del foro tripartito de diálogo en sus actuaciones. «Creo que los gobiernos de España y Reino Unido deberían ponerse las pilas. Pons era una persona muy sensible a este tema y sus sucesores están en la misma línea del ministro Moratinos, pero ahora veo que tiene que haber algo más de química».

Polémicas aguas

Por otra parte, Caruana respondió a las preguntas de los periodistas sobre la polémica por las aguas de Gibraltar. En su intervención insistió en su postura y criticó al diputado del Partido Popular por Cádiz, José Ignacio Landaluce, quien viene reclamando al Gobierno español que pelee por el reconocimiento de las aguas. «Espero que las aguas vuelvan a su cauce en este asunto», sentenció Caruana.

Este tema arrancó cuando la Unión Europea declaró recientemente aguas de interés comunitario las que rodean el Peñón. El Gobierno de Gibraltar no comparte esa decisión y por eso ha planteado un procedimiento ante el Tribunal Supremo del Peñón contra la declaración de aguas de interés comunitario. Además, el pasado 8 de mayo interpuso un recurso ante el Tribunal de Justicia Europeo contra la decisión comunitaria, ya que las autoridades gibraltareñas consideran que afecta a «aguas territoriales» de Gibraltar.

Caruana fue tajante al afirmar que «ni siquiera en la etapa de Franco o con el Gobierno anterior del PP se consideró prudente hacer política con este tema. La reclamación de España sobre las aguas ya era anterior a que llegara Landaluce».

En su opinión, las manifestaciones del diputado popular son «un intento de dificultar la situación de su Gobierno, haciendo política doméstica». En contra de la tesis mantenida por el PP, el ministro principal afirmó que «no hay ni un solo tratado internacional que otorgue el agua a España».

Además, se preguntó «por qué Gibratar está dispuesta a llevar su postura a litigio y España, que es el reclamante, no lo hace. Las autoridades europeas deben corregirlo. Si no, nos defenderemos de algo que consideramos ilegal».