La crisis complica los divorcios y endurece la negociación entre las parejas que se separan

Tras quitarse los anillos, muchos malagueños sacan la calculadora para ajustar sus números. El problema, como sostienen los expertos, es que ahora esos números no salen. El desempleo y la pérdida de poder adquisitivo no sólo están obstaculizando los acuerdos sobre la cuantía a dar y a recibir, sino que, además, están obligando a muchos padres a solicitar modificaciones de medidas ante la imposibilidad de asumir la pensión pactada inicialmente en el convenio de divorcio.

La delegada en Málaga de la Asociación de Abogados de Familia, Gabriela Domingo, afirma que en los últimos meses las estrecheces financieras han propiciado un «fuerte aumento» tanto de las demandas de cambios de condiciones como de las ejecuciones por incumplimiento de convenio. «Al enfrentarse a nuevas circunstancias económicas, muchos clientes se están viendo forzados a pedir que le reduzcan la pensión a ingresar a su ex pareja. Ahora hay muchos más problemas, ya que quienes se quedan en paro se quejan de que no pueden pagar la mitad del piso o pasar la misma manutención», explica Domingo.

Disputas monetarias

Los datos recabados entre los juzgados de familia ponen de manifiesto que la cuantía de las pensiones es, precisamente, la principal causa que marca los desacuerdos insalvables en los procesos de divorcio. De hecho, el 80% de las parejas que optan finalmente por acudir a juicio para que un magistrado dicte sentencia sobre los términos de la ruptura, lo hacen por discrepancias monetarias.

En este sentido, la letrada María Victoria Díaz recuerda que en tiempos de bonanza hay menos peleas por asuntos de dinero. «Cuando la economía va bien, las disputas se centran en el regimen de estancia o en la regulación de visitas; con la crisis, sin embargo, se mira más el bolsillo y los números se anteponen a lo afectivo o emocional», apunta.

Y es que, a tenor del relato de estos profesionales, basta que Cupido se quede sin flechas y la cartilla del banco flaquee para que estalle la guerra. Un conflicto de intereses que se repite estos días casi a diario en los despachos de los abogados especializados en litigios domésticos. Inmaculada Marín, secretaria de la agrupación de letrados del gremio, asegura que desde mayo el volumen de solicitudes de modificaciones de medidas y de ejecuciones por impagos se ha triplicado con creces.

«Hasta hace poco apenas veía este tipo de casos. Ahora, por contra, todos los expedientes que tengo sobre la mesa son por estos asuntos», admite al tiempo que revela que el perfil de los clientes que reclaman cambios coincide en su mayoría con desempleados del sector de la construcción. «En el 95% de los casos son hombres que se han quedado sin trabajo y han sufrido una merma de su nivel de vida», asevera.

Trinidad Rivera de Zea, otra letrada malagueña con amplia experiencia en familia, respalda la impresión de sus compañeras e insiste en que el goteo de casos es continuo. «Antes las parejas apenas se metían en pleitos por motivos económicos, para evitar situaciones desagradables; actualmente, sin embargo, muchas se ven obligadas a enfrentarse por pura necesidad».

Al respecto, Gabriela Domingo pone un ejemplo: «La ley recoge que las pensiones deben actualizarse cada año en función del IPC. Hasta hace poco, muchas mujeres renunciaban a esta subida con tal de no reclamarla y generar conflictos. Con la crisis, sin embargo, hay quienes están exigiendo incluso los atrasos de años», relata. Según la memoria del juez decano, unas 600 mujeres demandan cada año a sus ex parejas porque no pagan la manutención de los hijos fijada en los acuerdos o sentencias de divorcio.

Tramitación

Tanto las peticiones de modificaciones de medidas como las ejecuciones por impagos deben recibir el visto bueno de un juez de familia. Por ello, los letrados consultados reclaman a los magistrados más sensibilidad para estudiar las circunstancias económicas y aprobar cambios, siempre que no afecten al interés de los niños y el afectado demuestre seriamente que existe un cambio sustancial de sus circunstancias vitales.

Respecto a los plazos de tramitación de ambos procedimientos, los abogados de familia señalan que en el caso de una modificación la resolución puede prolongarse una media de entre cuatro y ocho meses. En las ejecuciones, depende de la solvencia del demandado y, por ende, de la posibilidad real de cobrar la deuda. «Si tiene bienes a su nombre, dicen, en mes y medio se efectúa el embargo», apostillan.