El presidente y primer accionista de Martinsa-Fadesa, Fernando Martín, se declara insolvente

Martín ha tomado esta decisión como complemento a la solicitud de suspensión de pagos que presentó el pasado 15 de julio en el en el juzgado de lo Mercantil nº5 de Madrid para sus tres sociedades Femaral, Almarfe y Castellana Consultores Inmobiliarios, a través de las que controla el 44,46% de Martinsa-Fadesa.

Asimismo, tanto el grupo inmobiliario como seis de sus filiales presentaron un concurso voluntario de acreedores en el Juzgado de lo Mercantil número 1 de La Coruña, aunque de momento sólo ha sido aceptada la petición de suspensión de pagos de Martinsa -Fadesa.

El empresario ha explicado que ha presentado el concurso por consejo de sus abogados, una decisión que "no afecta a mi capacidad legal y personal para continuar con la dirección de Martinsa -Fadesa" con el objetivo prioritario de que la inmobiliaria "supere el concurso, sea viable y cumpla los compromisos con sus clientes", ha añadido. Asimismo, ha asegurado que seguirá trabajando para obtener un convenio "tan pronto como sea posible".

Principio de acuerdo

En paralelo al concurso voluntario, los sindicatos y la dirección de la inmobiliaria han negociado un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) sobre el que alcanzaron ayer un principio de acuerdo. De esta forma, Martinsa-Fadesa despedirá a 234 empleados y prevé indemnizaciones de 36 días por año trabajado, con un máximo de 20 mensualidades. La asamblea de trabajadores de la sede coruñesa ha ratificado esta mañana el preacuerdo de ERE, que afectará a 72 empleados en esta ciudad.

Así lo ha informado el portavoz del comité de empresa de Martinsa-Fadesa en La Coruña, Roberto Rodríguez. El comité de empresa entregará a la dirección de la inmobiliaria el próximo lunes en Madrid la ratificación y después habrá que esperar a la decisión del titular del Juzgado de lo Mercantil número 1 de La Coruña sobre si acepta o no este acuerdo.

Se trata de un acuerdo "que es el menos malo al que se puede llegar en este momento", ha explicado Santiago Huertas, secretario de Organización de la Federación de Construcción de CCOO (FECOMA), el sindicato mayoritario en el comité de la compañía. El acuerdo, ha afirmado, ha intentado garantizar no sólo el cobro de los trabajadores que serán despedidos, sino también la viabilidad de los empleos de quienes se quedan en la empresa, para los que no descartó un nuevo proceso de regulación.

Garantizar el cobro de los trabajadores

Pese al preacuerdo, estas medidas no se podrán hacer efectivas al estar supeditadas a lo que decida el juez y los administradores nombrados por el Juzgado, al formar parte del proceso concursal, momento desde el cual no se puede tratar como un ERE, ha explicado Jesús Varela Lodeiro, secretario general de FECOMA.

Este preacuerdo está pendiente además de la confirmación por parte del Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) de que se hará cargo del pago de las indemnizaciones de 20 días por año trabajado, al tratarse de una empresa en estos momentos sin viabilidad para hacer frente a esa cantidad, mientras que los 16 días restantes acordados correrán a cargo de la inmobiliaria.

Sobre la situación financiera para hacer frente a las indemnizaciones, el portavoz del comité coruñés ha señalado que será el juez quien determine si hay avales que garanticen ese pago y que, en todo caso, las cláusulas del preacuerdo indican que, de haber impago, el trabajador será readmitido. Ha recordado además que la Ley Concursal pone como primeros en la lista de cobros a los trabajadores, por lo que se espera que se den las garantías.