La plataforma anticanon recurrirá la orden y llegará hasta la justicia europea

«Hacemos una llamamiento a los partidos que dijeron 'no' al canon para que de forma inmediata reaccionen y no avalen este reglamento, inaceptable desde el punto de vista económico y de equilibrio democrático», dijo el presidente de la Asociación de Internautas, Víctor Domingo. Animó a utilizar la copia privada con todas sus consecuencias: «Puesto que pagamos por adelantado, hagámoslo de manera masiva y legal ya que esto lo legaliza».

Entre otros motivos para «impugnar» la orden, el presidente de la Asociación de Usuarios de Internet, Miguel Pérez Subías, explicó que la ley fija que los discos duros están «exentos». Sin embargo, la orden «hace una definición de disco duro diciendo que los que están exentos son solamente los configurados como discos de sistema», por ejemplo el de un ordenador, pero no los que se venden como memoria adicional ya que no llevan incorporado un sistema operativo, y esto es «recurrible», señaló.

En representación de asociaciones de autónomos y pequeños empresarios, Ernesto Martínez aseguró que centenares de comercios de informática han cerrado ya y añadió que el sector está «hundido» porque la Sociedad General de Autores de España (SGAE) pretende que se les cobre el canon con «efecto retroactivo» desde el año 2000 a través de miles de denuncias basadas en auditorías de ventas.

En opinión de Pérez Subías esta «retroactividad» sería también recurrible ya que se trata de una «gran perversión» porque si el fabricante no paga el canon, entonces se sigue la cadena de distribución y comercialización hasta llegar al vendedor final, al que no se le informó de esto.

Según Todos contra el Canon, que agrupa a 30 organizaciones, las cantidades con que se cargan estos productos supondrá un incremento medio del 24,2% de su precio y en algunos DVD y CD más de un 40%, con un sobrecoste anual de 220 euros por hogar.

225 millones

Explicó que la suma del canon digital generado por el uso de tecnología entre consumidores, empresas y administraciones públicas supondrá un mínimo de 225 millones de euros en 2008 como «impuestos añadidos», aunque la orden diga que el canon se rebajaría si se superan los 111 millones. Sin embargo, esa cantidad no será administrada ni distribuida por un organismo público como Hacienda, sino por las sociedades de gestión de derechos de autor, que es lo mismo que «poner al zorro a cuidar a las gallinas».

«Es una medida inflacionista, un anacronismo y un tremendo error del Gobierno, que no beneficia a nadie, ni a los autores ni al usuario, sólo a la cadena de intermediarios, que no aportan valor al producto», según Pérez Subías.

La alternativa, indicó, es eliminar a los intermediarios, gravar la obra según considere oportuno cada autor y no el aparato y el soporte. La Plataforma cree que el canon favorecerá la adquisición de estos productos en el extranjero y un «mercado negro» interior, por lo que está dispuesto a recurrir al Tribunal europeo de la Competencia.