El TC y el Estatut

Aunque es manifiesto que el sistema de reforma territorial ha sido mal diseñado (no es razonable que el dictamen del TC haya de producirse después de un referéndum porque ello puede generar un inconveniente choque de legitimidades), la realidad es la que es y el TC está lógicamente sometido a grandes presiones. Primero, prosperó la recusación de Pérez Tremps, uno de los magistrados del TC considerados 'progresistas', a instancias del PP; después, el Gobierno impulsó una reforma sobre la marcha de la ley reguladora del Tribunal para permitir que la presidenta actual, María Emilia Casas, siguiera en funciones una vez agotado su mandato hasta que se produzca la renovación de la institución (en realidad, se consagraba por ley lo que ya estaba establecido por costumbre); finalmente, el pleno del Tribunal aceptaba el jueves pasado tramitar un requerimiento envenenado de la Abogacía del Estado que pone de manifiesto la contradicción existente en la argumentación del PP contra el Estatuto, ya que se ha planteado recurso contra una treintena de disposiciones que figuran asimismo en los Estatutos andaluz o balear y que sin embargo no han sido recurridas En este asunto, cuatro magistrados defendían inicialmente la devolución del escrito al Abogado del Estado, pero prosperó por siete votos la tesis contraria, que sitúa al PP ante su propia responsabilidad política: su posición frente al Estatuto catalán no es inocua en Andalucía y en Baleares (de hecho, el Defensor del Pueblo ha argumentado que no ha recurrido los demás Estatutos porque una sentencia adversa del TC anularía por analogía los artículos comunes).

En realidad, desde que se aprobó el Estatuto catalán, el TC ha tenido que resolver unas ochenta incidencias, algunas formuladas con evidentes intenciones dilatorias. Y lo cierto es que el Estatuto ha comenzado ya a desarrollarse según lo previsto en su propio articulado: con la oposición del PP, el Parlamento catalán acaba de crear una Agencia Tributaria propia, también prevista en el Estatuto de Andalucía Al propio tiempo, y a pesar de la demora provocada por el cambio en el Ministerio de Administraciones Públicas, están a punto de comenzar los trabajos de la comisión bilateral Estado-Generalitat que deberán desembocar en diversas transferencias Y los Presupuestos para el año próximo habrán de recoger los compromisos estatales de inversión pública comprendidos asimismo en el Estatuto.

Así las cosas, el PP ha reclamado al Constitucional celeridad en la resolución de los recursos. Argumenta, no sin razón, que no es bueno ni razonable que los ciudadanos y las instituciones hayamos de movernos en tan flagrante inseguridad jurídica. Pero el TC había dado a entender que no habrá sentencia hasta después de las elecciones generales (tampoco se espera que el TC se renueve hasta entonces, ya que es impensable que el Senado, que habría de elegir a principios de año cuatro magistrados, consiga el necesario consenso). La demora dilata el problema pero no lo resuelve, obviamente, aunque evita que interfiera en las elecciones.

Las decisiones que adoptará el Tribunal son una incógnita pues los hechos demuestran que no cabe esperar que se formen mayorías mecánicas según la teórica adscripción ideológica de los magistrados. En su mano está, en definitiva, avalar el modelo federalizante del Estatuto catalán o provocar una restricción del mismo, que suscitaría reacciones desaforadas en Cataluña de parte de un nacionalismo que ya tuvo que hacer grandes recortes a su inaceptable propuesta inicial. Y que obligará a repensar toda la reforma del Estado autonómico.

No tiene sentido demasiado sentido, en fin, que los políticos hayan transferido la responsabilidad de definir la estructura del Estado al Tribunal Constitucional, en lo que sin duda es una dejación de sus propios deberes. Ante esta patata caliente, bien pudiera suceder que el TC respondiera con el arma inteligente de la ambigüedad. Entonces sí que el PP y el PSOE deberían sentarse a negociar.