Los malagueños cuidan a los abuelos en casa

Este fenómeno, además, se ha visto reforzado en los últimos años por la crisis, que azota a muchos hogares. Ante la falta de ingresos, deciden sacar a los abuelos de las residencias o bien optar por la prestación económica al cuidador a través de la Ley de Dependencia. «Para muchas familias esta paga supone una forma de salir adelante, sobre todo si hay algún familiar parado que puede hacerse cargo del mayor», argumenta Carlos Mejía, director gerente de la Fundación Objetivo 1 del Grupo Vértice, centrado en la atención a la tercera edad.

Pero más allá del bolsillo, se trata de una cuestión cultural, de una tradición afianzada en nuestra sociedad, como se desprende de un estudio sobre relaciones sociales del Instituto de Estadística de Andalucía (IEA) en el que se refleja que más del 74% de los cuidadores familiares malagueños argumenta que realiza esa labor por razones afectivas y el 28% afirma hacerlo por motivos afectivos. Solo el 7,3% aduce no tener medios para pagar ayuda profesional.

Por eso, aunque la Organización Mundial de la Salud (OMS) establece en cinco el número óptimo de plazas residenciales por cada cien habitantes de 65 y más años, y Málaga no llega ni a la mitad, «no detectamos una carencia porque no existe una demanda tan fuerte de este recurso entre nuestra población. En Andalucía, en general, cuesta mucho trabajo dejar a los mayores en una residencia», apunta Mejía, que explica que la fundación que dirige está en contacto con muchísimas personas «que prefieren seguir cuidando de sus familiares hasta que su nivel de dependencia sea tan elevado que necesiten cuidados profesionales».

En la misma línea, desde la Delegación de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía aseguran que en este momento hay plazas públicas y concertadas para todo aquel que lo solicita y se le concede el recurso, a excepción de que la zona elegida se encuentre saturada. Además, según la delegada, Ana Navarro, se va ampliando la cifra a medida que se necesita, siempre con el objetivo de no superar los seis meses establecidos por ley para concluir la evaluación de la persona dependiente. En la capital, la media de espera está en cinco meses, según el Área de Bienestar Social del Ayuntamiento de Málaga. En la ciudad, el 76% de los beneficiarios de la Ley supera los 65 años.

El último recurso

El recurso de la residencia está entre los menos solicitados, ya que siete de cada diez dependientes en la provincia eligen la prestación económica al cuidador, que suele ser un familiar, normalmente una mujer. Así, de los más de 27.000 grandes dependientes que reciben alguna ayuda, en más de 18.000 casos se trata de la dotación económica, que ronda los 500 euros, según datos facilitados por la Delegación de Igualdad y Bienestar Social. Otras seis mil personas se benefician de la ayuda a domicilio.

Consciente de la arraigada costumbre de mantener al anciano en el entorno familiar, la administración establece una amplia cartera de servicios para promover el envejecimiento activo y retrasar la dependencia y la entrada en una residencia. Entre otros, la Junta cuenta con 14 centros de día, donde acuden más de 75.000 socios; 49 plazas en Unidades de Respiro Familiar, en las que el abuelo puede quedarse un máximo de un mes; o Unidades de Estancia Diurna, con 1.025 plazas concertadas.

A través del Ayuntamiento de Málaga, 1.373 mayores reciben tele-asistencia municipal, otros 201 se benefician del servicio de comida a domicilio y 716 reciben ayuda en casa.

En las tres residencias para mayores de carácter público que tiene la Diputación Provincial en Archidona, Colmenar y Antequera, la ocupación ronda el 70%, según fuentes del ente supramunicipal. En este caso se trata de 154 plazas por las que el residente solo aporta una parte de su pensión y, en caso de no tenerla, es totalmente gratuita.

En el ámbito privado, alrededor del 20% del total de camas en el más del centenar de centros privados están disponibles, según una media estimada por el presidente de la Asociación de Residencias Privadas de la Tercera Edad de Málaga (Artema), José María Escobar, aunque en este caso el factor económico juega un papel fundamental. El coste medio de una plaza privada en la provincia ronda entre los 1.400 y los 1.600 euros, según el presidente de la asociación, una cantidad que choca de frente con la pensión media en la provincia, que se sitúa en 733 euros en la actualidad, y con la crisis económica, que trae de cabeza al sector. «Estamos faltos de residencias, pero nadie en su sano juicio se plantea montar una hoy», afirma Escobar, que asegura que «este negocio ha dejado de ser rentable». Según critica, la administración paga alrededor de 47 euros por día y plaza, cuando su coste real supera los 60, algo que «cualquier empresario ve inviable».

El «desorbitado» precio del suelo se encuentra detrás del escaso número de plazas residenciales para la tercera edad con que cuenta Málaga. Así lo explica el responsable de Artema, que apunta que el 'boom' del ladrillo de antaño obligó a los empresarios a construir los centros de la tercera edad en el extrarradio de la capital. Esto, según el secretario general de la Sociedad Andaluza de Geriatría, José Antonio López Trigo, obliga a pensar en una distribución de plazas, ya que en la capital, por ejemplo, «son pocas».

A pesar de que hoy día está cubierta la demanda, salvo casos excepcionales, expertos avisan de que no hay que dormirse en los laureles, ya que el envejecimiento progresivo de la población y el incremento de las tasas de dependencia obligará a aumentar los recursos sobremanera. Aunque, según los geriatras «lo ideal es cuidar al mayor en casa mientras se pueda», los cambios culturales y los nuevos estilos de vida familiar «hará que se necesiten más plazas», avisa Carlos Mejía. Tanto desde la Junta como desde el ámbito privado se asegura que trabajan en esa línea.