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Basta echar un vistazo al Registro de Turismo de Andalucía para comprobar que hay quienes después de la entrada en vigor de la prohición de viviendas turísticas en 43 barrios de la capital malagueña siguen inscribiendo sus inmuebles para el alquiler vacacional. Una decisión que tiene consecuencias económicas con sanciones de hasta 18.000 euros.
«Una declaración responsable es que tú admites y reconoces que tienes con responsabilidad conocimiento de la normativa por la que estás haciendo esa inscripción tanto en materia urbanística como de los requisitos de calidad que incluye la norma», advierte el consejero de Turismo de la Junta, Arturo Bernal, para precisar que «es el documento por el que tenemos la seguridad absoluta de que si tú lo has hecho mal, lo has hecho mal a sabiendas. Y por lo tanto es una falta administrativa que está tipificada y sancionada como tal». De hecho, la norma establece que la falsedad o alteración de datos en la declaración responsable, sin subsanar los mismos, implica una infracción grave que puede conllevar una multa de entre 2.001 a 18.000 euros, así como la cancelación de la inscripción y la imposibilidad de volver a registrarla. Unos procedimientos sancionadores que tienen sus trámites de audiencia y de alegaciones.
Precisamente, la Junta acaba de probar de forma interna un sistema que en función de los datos del registro catastral avisa al propietario que está formalizando la inscripción de que el inmueble que pretende registrar no se puede dar de alta. Una herramienta que se espera poder activar cuanto antes.
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