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Los chiringuitos andaluces han decidido alzar la voz para defender su legalidad y exigir celeridad a la Junta de Andalucía, que es la que tiene las competencias, en el proceso de adjudicación y prórroga de concesiones de estos negocios. La amenaza de la Comisión Europea ... que ha enviado un dictamen a España para que garantice la igualdad de trato en relación con las concesiones costeras, dándole dos meses para responder al mismo y adoptar las medidas necesarias, ha puesto en pie de guerra al sector. El presidente de la Federación Andaluza de Empresarios de Playas y de la asociación de la Costa del Sol, Manuel Villafaina, asegura que «son diez años los que llevamos con este proceso y en el litoral malagueño la mitad de los chiringuitos siguen pendientes de su regularización. El sector ya no puede más». Advierte de que la Junta lleva dos años con los expedientes paralizados y que la nueva espada de Damocles de la CE puede demorar otra década el fin de estos trámites de cumplir la Comisión la advertencia de dicho dictamen de remitir el asunto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea en caso de que España no cumpla con lo solicitado.
Villafaina avanza que ya han pedido una entrevista con el secretario de Estado de Costas y que están en contacto con la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul para exigirles que hagan valer ante la Comisión Europea que el proceso que se desarrolla se ajusta a todas las normativas vigentes, tal y como lo avalan informes jurídicos que han presentado y que han sido elaborados por el despacho de Garrigues y por expertos en la materia.
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Son los chiringuitos que se contabilizan en la Costa del Sol y que generan unos 20.000 empleos en la provincia
El presidente de estos empresarios asegura, con insistencia y manifiesto malestar, «que no hay motivo que justifique la paralización del proceso». Es más, Villafaina hace referencia a la sentencia núm. 2330/2023, de 13 de julio de 2023, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Rec. 475/2022), que analiza la compatibilidad de las garantías de publicidad, objetividad, transparencia y concurrencia competitiva en los procedimientos de concesiones, y considera garantizado el respeto a los principios comunitarios de transparencia e imparcialidad establecidos en el artículo 12.1 de la Directiva de Servicios con el trámite de información pública previsto en el articulo 152 del Reglamento General de Costas.
El presidente de esta patronal advierte de que no descartan acudir a los tribunales a primeros de año para defenderse e, incluso, convocar medidas de presión sin descartar diferentes movilizaciones. «Desde que se transfieren las competencias en el año 2011 a la Junta de Andalucía para la gestión del dominio público y, en particular, para el otorgamiento de las concesiones no se ha producido ningún cambio normativo sustancial e importante que pueda justificar la modificación actual de los criterios en el otorgamiento de esas concesiones, ni tampoco en la paralización de los procedimientos por parte de la Dirección General de Sostenibilidad y Cambio Climático». Por eso, advierte a la Junta de que «la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, como cualquier administración pública, se encuentra obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos de otorgamiento de concesiones de Dominio Público Marítimo Terrestre (artículo 21.1 LPAC). La actual paralización de estos expedientes vulnera claramente el principio de legalidad, en la medida en que se estaría incumpliendo injustificadamente el deber de las administraciones públicas de resolver los procedimientos y notificar su resolución a los interesados».
Los empresarios del sector consideran que no existe hasta la fecha ningún pronunciamiento judicial que entienda que la actual normativa en materia de costas vulnere la directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006 a la que alude el ultimátum de la CE. Villafaina recuerda que en la reforma de 2014, con la entrada en vigor del nuevo Reglamento General de Costas, se transponen los principios comunitarios de transparencia previstos en la Directiva Europa de Servicios de 2.006 al quedar garantizado el cumplimiento de los principios de publicidad, objetividad, imparcialidad, transparencia y concurrencia competitiva en los procedimientos de otorgamiento de concesiones y autorizaciones en el dominio público. «En Andalucía se siguen las normas establecidas en el artículo 152 del Reglamento General de Costas (RGC) que comprende un trámite de información pública, con un plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de publicados en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga», detalla Manuel Villafaina, que insiste en que «no podemos entender por qué la Junta de Andalucía ha paralizado los expedientes. Si es por temor al dictamen de la CE está claro que el sector no puede esperar otros nueve o diez años más a que resuelva el Tribunal de Justicia de la Unión Europea».
La situación de falta de garantías jurídicas en la que se encuentran en la Costa del Sol casi la mitad de los chiringuitos mantiene retenida la inversión en mejoras de unos negocios que son un reclamo fundamental para los turistas. El presidente de los empresarios de playas andaluces y de la Costa del Sol, Manuel Villafaina, asegura que en los últimos años estos establecimientos han desembolsado más de 150 millones de euros en renovar las instalaciones, hacerlas más sostenibles y contribuir a mejorara la imagen del destino. «Somos una seña de identidad y estamos comprometidos con el turismo para dar el mejor servicio y estar a la altura de unos viajeros cada vez más exigentes», señala para explicar que estas inversiones serían mayores de contar con la seguridad jurídica que reclaman y que defienden. Por eso, advierte de que «no nos van a dejar más remedio que comenzar a tomar medidas para que la Junta agilice este proceso de regularización. A la administración andaluza ya le hemos demostrado que se puede seguir con los expedientes. Ahora vamos a pedir explicaciones y que nos informen de la situación creada tras el reciente dictamen de la Comisión Europea a España».
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