Arturo Bernal: «Las limitaciones a las viviendas turísticas deben velar por el interés general y aplicar la proporcionalidad necesaria»
El consejero asegura estar de acuerdo con que «los alcaldes puedan plantear esas suspensiones temporales con el objetivo de adecuar y redefinir sus modelos de ciudad»
La última decisión del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, sobre un freno total a las viviendas turísticas traducido en declarar una «moratoria global» ... para que no haya «ni una más de las que hay» supone un paso definitivo para parar en seco esta actividad que desde la Junta enmarcan en las herramientas que contempla el decreto de Viviendas Turísticas de febrero de 2024 y en las últimas novedades introducidas en la nueva Ley de Vivienda de Andalucía. El consejero de Turismo, Arturo Bernal, asegura estar de acuerdo en que «los alcaldes puedan plantear esas suspensiones temporales con el objetivo de adecuar y redefinir sus modelos de ciudad», pero también señala que «obviamente, las limitaciones que se contemplen deben velar por el interés general y aplicar la proporcionalidad necesaria para seguir avanzando en un modelo de ciudad que compartimos y que se basa en los principios de hospitalidad y de convivencia, compatibilizando las expectativas legítimas de los turistas con los intereses legítimos de los ciudadanos».
Bernal recalca que «el diseño del modelo de ciudad y los correspondientes usos del suelo y los criterios de compatibilidad, corresponde a los municipios a través de la normativa urbanística (PGOU)» y considera que «en este sentido, el alcalde de Málaga está siendo eficaz y muy ágil a la hora de aplicar todas las herramientas legales que tanto el decreto viviendas de uso turístico como principalmente el Decreto Ley de Vivienda aprobado que le ofrece, tanto las relativas a vivienda como a vivienda de uso turístico».
En cuanto al término «moratoria» empleado por De la Torre, señala que se trata de una denominación popularizada que «entiendo el alcalde ha utilizado de manera pedagógica». Si bien explica que se trata de «una disposición legal ya prevista en la LISTA y que técnicamente supone una suspensión temporal, desde que los ayuntamientos aprueben el acuerdo de inicio de las correspondientes modificaciones del PGOU hasta que entre en vigor la modificación del Plan y como máximo, hasta un plazo de tres años».
Bernal considera necesario «suspender temporalmente la recepción de declaraciones responsables en las zonas donde se van a producir las modificaciones urbanísticas pues de lo contrario se produciría un importante efecto llamada». El consejero comparte con el alcalde que «es preciso que el Gobierno central colabore, derogando la Ley estatal del Derecho a la Vivienda, para recuperar la seguridad jurídica y el bienestar de todos los ciudadanos y visitantes».
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