Polémica por la condecoración a un policía local de Benalmádena procesado por supuestos abusos a tres sobrinas

El agente en cuestión, que ronda los 60 años y que está en activo, había sido distinguido por la Jefatura de la Policía Local de Benalmádena porque cumplía tres décadas en el Cuerpo. Se le iba a imponer la medalla con distintivo amarillo, que es la que se le otorga a todos los agentes cuando alcanzan 30 años de servicio. Fuentes municipales apuntaron que es un reconocimiento «objetivo» que se concede simplemente por cumplir la efeméride.

El funcionario también iba a recibir otra medalla por 15 años de servicio y dos felicitaciones públicas, una de ellas por su actuación en el incendio que el 11 de septiembre asoló Benalmádena y la otra por haber estado de servicio activo durante la pandemia de la Covid-19. Las mismas fuentes precisaron que todos los agentes que trabajaron en ambos casos han sido reconocidos con esas mismas distinciones, por lo que no había una razón «objetiva» para no otorgárselas: «Lo contrario habría sido discriminarlo».

Cuando se le notificó la concesión de los reconocimientos, el agente manifestó su intención de acudir al acto y solicitó que la medalla se la impusiera su mujer, a la que ha seguido unido todo este tiempo. El asunto también llegó a oídos de sus familias biológica y política, que según fuentes de su entorno acabaron divididas tras las denuncias de las menores, que pertenecen a ambas ramas. Además, se da la circunstancia de que un pariente cercano también es policía local en Benalmádena, pensaba acudir al patrón y lo iba a hacer acompañado de sus allegados.

El día de la víspera, la Asociación Adolescencia Libre de Agresión Sexual (ALAS), que lleva tiempo atendiendo a las menores y a sus familias, presentó un escrito/denuncia en la Jefatura en el que exigía respecto a las víctimas y aludía a la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y a la Adolescencia para exigir a las administraciones públicas que «eviten cualquier actuación que pueda interpretarse como un aval social o institucional a conductas que se encuentren bajo la investigación y el escrutinio judicial».

En el escrito, la asociación ALAS solicitó a la Policía Local de Benalmádena que «reconsiderara» la concesión de este reconocimiento atendiendo al principio de «protección de las víctimas» y apelando a la «responsabilidad institucional» de no «interferir ni menoscabar» la confianza en la Justicia.

Además, se da la circunstancia de que el agente en cuestión tiene órdenes de alejamiento de 500 metros respecto a al menos dos de las menores, por lo que, ante la posibilidad de que pudieran acudir al acto, y que con ello se quebrantara la medida, la Jefatura de la Policía Local tomó la decisión de suspender este año la imposición pública de las medallas y condecoraciones al funcionario.

Ante la ausencia de antecedentes por casos similares, la Jefatura también ha optado por solicitar a la asesoría jurídica del Ayuntamiento un informe para determinar si estos reconocimientos podían suponer una posible vulneración de la norma (la de protección a la infancia), dejando abierta la posibilidad de imponerle estas condecoraciones en la celebración del día del patrón del año que viene.

Consultado al respecto, el Consistorio de Benalmádena envió a este periódico el siguiente comunicado, que se reproduce literal: «El Ayuntamiento, ante un tema delicado y complejo que lleva años bajo investigación judicial, actuando con la máxima prudencia respecto a las víctimas, anteponiendo el interés y la protección de los menores, decidió suspender y no entregar los reconocimientos. El Ayuntamiento quiso evitar, igualmente, cualquier actuación que pueda interpretarse como un aval social o institucional a conductas que se encuentran bajo la investigación judicial. En este caso, además, se produce una colisión entre la protección de los menores y el derecho constitucional a la presunción de inocencia que también debe ser salvaguardado por las administraciones públicas. En base a dicho derecho, la suspensión opera hasta que sean emitidos los correspondientes informes jurídicos o hasta que recaiga, en su caso, sentencia judicial».

El caso fue denunciado en 2021 por los padres de las menores -dos de ellas son hermanas-, que relataron una serie de tocamientos a las niñas en el contexto de «juegos» presuntamente propuestos por el investigado y que se habrían producido en varias ocasiones cuando ellas tenían menos de 12 años. Las familias se quejan de la dificultad para que se cumplan las órdenes de alejamiento al vivir todos en el mismo municipio y tratarse, además, de un agente en activo que, por su trabajo, puede moverse por toda la localidad.

En 2023, el Juzgado de Instrucción número 4 de Torremolinos dictó auto de procesamiento contra el funcionario al considerar que pueden existir indicios de tres delitos continuados de abusos sexuales y dos de exhibicionismo en base a las exploraciones de las menores y a los informes de valoración de sintomatología de la Fundación Márgenes y Vínculos, que atendió a las denunciantes y que, tras escucharlas, concluyó que sus testimonios son compatibles con una situación de vivencia de violencia sexual. La resolución fija una fianza de 18.000 euros -6.000 por los daños morales a cada una de las niñas- y mantiene las órdenes de alejamiento respecto a ellas.

El caso está ahora en manos de la Fiscalía, que tendrá que decidir si acusa o no al procesado, y de los informes de las partes -acusación particular y defensa-. El policía local está representado en la causa por el letrado Javier Rincón, de Rinber Abogados, que está convencido de poder probar la inocencia de su cliente y está preparando un escrito con una docena de argumentos para «tumbar la causa». Respecto a las medallas, el abogado malagueño considera que no se está respetando el derecho del policía local a ser reconocido y, por extensión, a la presunción de inocencia.

El investigado siempre ha negado los hechos y a día de hoy sigue manteniendo su inocencia. Desde su entorno aseguran que existe un conflicto familiar de índole económica con una hermana del procesado como trasfondo del caso y que por eso le están haciendo «la vida imposible». También afirman estar en posesión de «numerosas pruebas» para demostrar su versión en un juicio, que es donde, insisten, se deberían depurar estos asuntos.

En el ámbito administrativo, la Justicia le ha dado la razón ya en dos ocasiones al funcionario procesado. Según las fuentes consultadas, el Ayuntamiento abrió expediente para suspenderlo de empleo y sueldo, decisión que fue recurrida por el agente y que acabó ganando en los juzgados, donde determinaron que le asiste la presunción de inocencia. Lo mismo ocurrió con otro expediente para cambio de destino, que también fallaron a su favor, aunque en este caso aún no es firme.