Piden ocho años para un 'voyeur' por grabar con ayuda de su sobrina a 71.000 mujeres en baños públicos de Málaga

El dispositivo que utilizaba era de fabricación artesanal. Supuestamente, los creaba él mismo a partir del diseño del mobiliario donde pretendía camuflarlos. Solían tener la apariencia de inofensivos ambientadores. Pero dentro escondían cámaras espía con sensores de movimiento para grabar a todas las mujeres que usaran los baños públicos donde las instaló.

El caso, que la policía destapó el pasado febrero, tuvo una enorme repercusión tanto por el volumen de las víctimas como por los lugares donde se producían las grabaciones. El 'voyeur' (término usado para definir a las personas que disfrutan viendo actitudes íntimas o eróticas de otras) sembró de dispositivos restaurantes, centros comerciales y dos facultades de la Universidad de Málaga (UMA).

La Fiscalía pide para el acusado y para su sobrina –que supuestamente le ayudó– penas de ocho años de cárcel respectivamente y cifra las víctimas en al menos 71.080 por ser el número de vídeos que se intervino al investigado. Las cámaras espía realizaban una «grabación indiscriminada» de todas las personas que accedían a esos baños públicos, «en su gran mayoría mujeres, incluyendo a menores de edad solas o acompañadas –incluso niñas– y personas con discapacidad», según el Ministerio Público.

No obstante, la Policía Nacional cree que el número de víctimas sería aún mayor, ya que los dispositivos funcionaban con sensores de movimiento: si la siguiente usuaria del aseo entraba justo después, las imágenes se almacenaban en un mismo archivo. En algunos de los vídeos interceptados aparecen dos, tres y hasta cuatro mujeres, por lo que, según los investigadores, el volumen de víctimas reales podría superar las 100.000.

Según el escrito de conclusiones provisionales, el principal investigado habría actuado en colaboración con su sobrina, «que al ser mujer podía acceder a los servicios sin levantar sospecha». De hecho, los investigadores identificaron primero a la joven después de que el personal de mantenimiento del centro comercial Vialia encontrara ocho dispositivos instalados en los baños. En las grabaciones, los agentes de la Brigada Móvil de la Policía Nacional observaron que era una chica –la delató el sensor de movimiento– quien había instalado las cámaras camufladas en los ambientadores. No se le veía la cara, pero sí parte de su indumentaria. Concretamente, unas mallas muy llamativas.

Los investigadores empezaron a vigilar los baños con absoluta discreción para identificar a la persona que retiraba las cámaras. Así, lograron situar a una joven que vestía con un chándal y el mismo tipo de mallas. Al revisar las cámaras del sistema de videovigilancia del centro comercial, vieron que fuera de la zona de aseos la esperaba un hombre. Tirando de paciencia, los investigadores empezaron a revisar, uno a uno, todos los vehículos que entraban y salían de Vialia en la franja horaria en la que se movía aquella llamativa mujer. Miraron unos 200 automóviles hasta que dieron con un coche cuyo titular encajaba con el hombre al que habían captado las cámaras de videovigilancia.

Los agentes de la Móvil detuvieron a ambos y comprobaron que eran tío y sobrina. En el registro de la casa del principal sospechoso, intervinieron 71.080 vídeos de mujeres utilizando los servicios, en los que se les ven sus genitales; incluyendo algunos a menores. También hallaron 120 vídeos de pornografía infantil bajados de Internet cuyo contenido era de sexo explícito de menores con adultos, 2.300 fotografías de niños y niñas desnudos y 1.187 videos en los que el acusado matenía relaciones sexuales con diversas mujeres grabadas con cámara oculta.

Además, en el domicilio del investigado intervinieron 85 dispositivos de camuflaje, 27 microcámaras con sensor de movimiento y 21 baterías. También hallaron una bolsa de plástico con 2.100 gramos de marihuana que, según el escrito de acusación, supuestamente iba a destinar a la venta.

El fiscal considera que las grabaciones se hicieron con la finalidad de obtener un beneficio económico. Según la acusación pública, los investigados encargaron la creación de una página web con la idea de subir los vídeos «obtenidos de forma ilícita», aunque no llegaron a hacerlo, posiblemente porque la policía frustró sus planes. El Ministerio Público indica que esa web, que no funciona en la actualidad, está ubicada en Francia y no se ha podido identificar al encargado de su mantenimiento.

Para facilitar el acceso a los clientes, el principal investigado había catalogado los vídeos en categorías en función de los atributos físicos de las mujeres. Los archivos estaban clasificados en carpetas con nombres como «guapas, culos grandes, rubias, regordetas, gordas, peludas, maduras, viejas, embarazadas, delgadas y jóvenes». El fiscal precisa que las imágenes no han llegado a ser distribuidas.

Para el Ministerio Público, los hechos constituirían un posible delito continuado contra la intimidad de las personas (con la circunstancia agravante de afectar a aspectos sexuales y menores) y otro de captación de menores para elaborar material pornográfico (que consume el tenencia de pornografía infantil). Ambos cargos se los imputa por igual a los dos investigados, para los que pide una pena de ocho años de prisión, respectivamente. El principal acusado suma, además, otro posible delito contra la salud pública, por el que solicita una pena de dos años.

El matiz, respecto al caso de Lugo, reside en que el juez no consideró delito las grabaciones –realizadas en las fiestas de A Maruxaina en 2019– porque se obtuvieron en la vía pública y, a su juicio, «no se aprecia el ánimo tendencial de quebrantar la resistencia física y moral» de las mujeres.