El pederasta que se fugó durante el juicio en Málaga hace un lustro, condenado a 23 años de prisión
El procesado agredió sexualmente a dos menores de 13 y 15 años en Fuengirola y elaboró un vídeo pedófilo con una de sus víctimas
Desapareció hace cinco años tras fugarse durante el juicio aprovechando que se encontraba en situación de libertad provisional. Tras su arresto en Holanda en virtud de una orden europea de búsqueda y captura ... , en junio volvió a comparecer ante la Audiencia Provincial de Málaga, que ya ha dictado sentencia: tendrá que cumplir 23 años de cárcel como autor de las agresiones sexuales a dos menores, una niña de 13 años y un adolescente de 15, y por elaborar material de pornografía infantil con una de sus víctimas.
Según se expone en la resolución, a la que este medio ha tenido acceso, los hechos se remontan a enero de 2016. Por aquel entonces, el procesado, que tenía 26 años, entabló amistad con un grupo de menores que solía reunirse cerca de su casa, en Fuengirola. Para el tribunal, ese acercamiento perseguía la única «finalidad de obtener algún tipo de satisfacción sexual». Y ello con «conocimiento pleno» de que sus edades rondaban entre los 13 y 16 años.
Una vez que ya se había ganado la confianza de los chavales convenció a una de las niñas, de 13 años, para que lo acompañara en diversas ocasiones a su domicilio. De acuerdo con el apartado de hechos probados, allí la agredió sexualmente hasta en cuatro ocasiones. Ese mismo mes también persuadió a otro adolescente de 15 años y de la misma pandilla para llevarlo a la parte trasera de un edificio, donde abusó de él.
No solo eso. También elaboró material de pornografía infantil respecto a la primera víctima, a la que grabó en su casa con el teléfono móvil cuando ella se encontraba semidesnuda y mientras él simulaba que mantenían relaciones. Según relataron en el juicio dos testigos que pertenecían a aquel grupo de menores, el procesado les exhibió dicha filmación en distintas fechas cuando acudieron a su vivienda, mostrándose además orgulloso de su posesión.
Como recoge la resolución, la investigación policial se inició el 27 de abril de 2016, después de que los agentes recibieran la información de un ciudadano anónimo que apuntaba a los posibles delitos sexuales respecto a menores por parte del sospechoso. Con todos los indicios, el hombre fue arrestado por la Policía Nacional al cabo de unos diez días, 48 horas después de que tomaran declaración por primera vez a la víctima de 13 años, quien ha estado representada por el abogado David Armada como acusación particular.
Los magistrados inciden en que, a pesar de que no se ha podido probar que hubiera empleado la violencia o la intimidación para llevar a cabo estos hechos, los mismos fueron cometidos necesariamente sin consentimiento. En este sentido, recuerdan que ninguna de sus víctimas había alcanzado todavía los 16 años, que es la edad mínima que establece la ley para consentir válidamente las relaciones sexuales.
Procedimiento paralizado
El fallo de la Audiencia Provincial de Málaga se ha producido apenas unos días después de que finalizara el juicio, que comenzó el pasado 26 de junio. No obstante, fue la segunda vez que arrancó la vista por estos hechos, que en noviembre de 2019 ya se empezaron a enjuiciar en la Sección Tercera. No fue hasta mediados del año siguiente cuando, sin que el proceso hubiera finalizado, el acusado dejó de comparecer en la tercera sesión aprovechando su situación de libertad provisional.
Dos años después se emitió una Orden Europea e Internacional de Detención y Entrega. Y tras un lustro con el procedimiento completamente estancado, el pederasta fue localizado hace apenas unos meses por las autoridades policiales en Holanda. En esta ocasión, el juzgado acordó el pasado mayo su ingreso provisional en prisión para evitar una posible nueva fuga que dilatase más todavía la causa, de la que, casi una década después de los hechos, ya hay sentencia.
El acusado ha sido condenado a 23 años de cárcel, aunque, de acuerdo con lo establecido en el artículo 76 del Código Penal, el máximo de cumplimiento efectivo no podrá exceder de 20 años, como se puntualiza en el fallo. De igual forma, se le ha impuesto una orden de alejamiento e incomunicación respecto a ambas víctimas -que ahora tienen 22 y 24 años- por un plazo de dos décadas.
Asimismo, se le ha inhabilitado para ejercer cualquier profesión u oficio que conlleve contacto o relación indirecta con menores, sea o no remunerada, durante 23 años, así como otros 15 de libertad vigilada. De igual forma, tendrá que indemnizar a la perjudicada en la cantidad de 60.000 euros y a la segunda víctima con 15.000 euros por los daños morales ocasionados. En el caso de la joven, según fuentes próximas al caso, continúa sufriendo secuelas psicológicas que le impiden llevar la vida de cualquier chica de su edad, sin apenas salir de su casa ni relacionarse con más personas que su familia.
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