Detenido un presunto pederasta que desapareció hace cinco años tras fugarse durante el juicio en Málaga
El hombre se enfrenta a la petición de la Fiscalía de 34 años de cárcel por supuestas agresiones sexuales a dos menores y elaborar material pornográfico infantil
Desapareció hace cinco años tras fugarse durante el juicio en Málaga. El presunto pederasta, para el que la Fiscalía pide 34 años de prisión por varios delitos sexuales respecto a dos víctimas menores, aprovechó su situación de libertad provisional para huir cuando ya se habían celebrado las primeras vistas. Un lustro después, ha sido arrestado en Holanda en virtud de una Orden Europea e Internacional de Detención y Entrega, tal y como ha podido saber SUR.
El hombre está acusado de abusar de manera continuada de una niña de 13 años, respecto a la que, supuestamente, también cometió un delito de elaboración de material pornográfico. Además, se le imputa la agresión sexual a otro adolescente, de 15 años, al que supuestamente coaccionó y amenazó para que accediera a sus pretensiones.
De acuerdo con las fuentes, el noviembre de 2019 se celebró la primera sesión del juicio en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial. No fue hasta mediados del año siguiente cuando, sin que este hubiera finalizado, dejó de comparecer, lo que motivó dos años después que se dictara una orden internacional de detención y entrega.
Tras cinco años con el procedimiento estancado, está previsto que esta semana comience de nuevo el juicio en la Ciudad de la Justicia de Málaga. No obstante, tras su arresto en el país holandés, el juzgado acordó el pasado mayo su ingreso provisional en prisión para evitar una posible nueva fuga que dilate más todavía la causa.
Los hechos por los que será enjuiciado se remontan a las navidades de 2015, hace casi una década, cuando, presuntamente, aprovechó su parentesco con un primo pequeño para entablar amistad con un grupo de menores que solía reunirse cerca de su casa, en Fuengirola. Por aquel entonces, el supuesto pederasta tenía 26 años.
En cuestión de semanas, ya se había ganado la confianza de los adolescentes, según recoge el Ministerio Público en su escrito. En este contexto, habría embaucado a una de sus víctimas, una niña de 13 años, a la que llevó en varias ocasiones a su domicilio. Allí habrían mantenido al menos cuatro encuentros sexuales, de los que, siempre según el relato acusatorio, habría grabado uno de ellos como mínimo.
La acusación particular de esta víctima, ejercida por el letrado David Armada, subraya en sus conclusiones que ella manifestaba al acusado su voluntad contraria a mantener dichas relaciones, pese a lo que el hombre la «obligaba». No solo eso. Según subraya en el escrito, el sospechoso solía recurrir a técnicas como el engaño o las coacciones para que la perjudicada accediera a ir a su domicilio, además de tenerla «amedrentada» para que no contara a nadie lo sucedido.
De igual forma, apunta a que la niña -que ya cuenta con 22 años- refirió un episodio en el que el hombre la agredió con un arma táser y otra ocasión en la que sospecha que pudo suministrarle alguna sustancia en la bebida para, a continuación, quitarle la ropa y grabarla. Asimismo, la acusación particular apunta a que no solo elaboró material pornográfico infantil con la menor, sino que también lo exhibió y difundió.
La niña no sería su única víctima. De acuerdo con la Fiscalía, en enero de 2016 también agredió sexualmente a otro menor de 15 años. Según el escrito, el encausado dirigió al adolescente a la parte trasera de un edificio, donde le dijo que sabía cosas de su familia y que le haría daño a él y a su entorno si no accedía a sus pretensiones sexuales. Sus amenazas, siempre según la acusación, generaron «un gran temor y desasosiego» en el chico, por lo que obedeció.
El Ministerio Público señala que este individuo sería autor de un delito continuado de abuso sexual a una menor de 16, de otro de elaboración de material pornográfico infantil y de una agresión sexual a menor de 16. Por ello, pide que se le imponga en total una pena de 34 años de prisión y una orden de alejamiento e incomunicación respecto a sus víctimas con una duración de 20 años.
Por su parte, la acusación particular de la joven que sufrió los hechos con 13 años, apunta a que el procesado habría cometido con su cliente un delito de agresión sexual a menor de 16 años o, alternativamente, abuso sexual continuado a menor de 16; también un delito de elaboración de material pornográfico con menores; otro más contra la salud pública y un cuarto de corrupción de menores.
Por ello, pide que cumpla 32 años por lo que respecta a la perjudicada, quien continúa sufriendo secuelas psicológicas que le impiden llevar la vida de cualquier joven de su edad, sin apenas salir de su casa ni relacionarse con más personas que su familia.
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