Málaga acoge un congreso nacional para abordar la problemática de la ocupación ilegal de viviendas

Como adelantaba el decano de los letrados de Málaga, Salvador González, se trata de un encuentro que ha sido organizado con la colaboración de los Colegios de Abogados de Barcelona y de Mataró para poner el foco en «una situación dramática que no es equiparable a la de el resto de países de la Unión Europea» y que en el último año se ha visto incrementada «en más de un 18%» en España.

De hecho, como se ha puesto de manifiesto en la presentación, aunque Cataluña continúa siendo la comunidad que más ocupaciones ilegales concentra (concentra casi el 50%, según han señalado los organizadores del congreso), Andalucía es otra de las regiones en la que también se vive de forma acuciante esta problemática. Solo en 2021 se produjo en la comunidad andaluza la ocupación ilegal de 1.994 propiedades.

En Málaga capital, sin ir más lejos, se produce al día al menos una actuación policial derivada de denuncias por ocupación, según ha afirmado el presidente de la Comisión Normativa del Colegio de Abogados de Málaga, Diego Peláez. El pasado 2021 llegaron a registrarse 361 casos en territorio malagueño, y ello a pesar de que, como se ha apuntado en el encuentro, «hay muchos casos que ni siquiera llegan a registrarse».

A la presentación del I Congreso de Ocupación Ilegal también han asistido de forma telemática el decano del Colegio de Abogados de Barcelona, Jesús Sánchez, y su homónima en Mataró, María Pastor, quien mañana intervendrá ante el Parlamento Europeo en Bruselas para acercar la problemática que se vive en nuestro país a la comunidad europea.

Para los organizadores del encuentro, es esencial que se distinga entre las ocupaciones derivadas de las situaciones sobrevenidas de vulnerabilidad social y aquellas que tienen un carácter delincuencial, llevadas a cabo «grupos de mafias que están perfectamente organizados y actúan de forma planificada con ánimo lucrativo», siendo los que están detrás de la mayoría de los casos, según han hecho hincapié.

Los representantes de los colegios de abogados han dejado claro que, en cualquier caso, defienden el derecho a una vivienda digna, tanto para quienes no la tienen por encontrarse en circunstancias de exclusión social como para quienes cuentan con ella y viven en primera persona la ocupación de su inmueble.

De ahí que, entre otros aspectos, los próximos días 19 y 20 de mayo se vaya a debatir sobre las reformas normativas que los expertos en el ámbito del derecho consideran necesarias para conceder un mayor amparo a las víctimas de este fenómeno, ya que procesalmente se trata de una problemática que suele tardar meses, e incluso años, hasta que se resuelve.