La Junta fija la sanción al dueño de la finca en la que murió Julen en 300.001 euros

El Consejo de Gobierno también acordará hoy proponer a la empresa que realizó la perforación para una sanción menor, planteando una cifra de 30.001 euros que deberán ser ratificados más adelante en un procedimiento paralelo.

Cuando finalizó el operativo de rescate, la Junta de Andalucía catalogó su coste económico en unos 700.000 euros, en los que se incluían la maquinaria llegada de diferentes puntos del país, tres turnos de cien personas trabajando sin descanso día y noche durante casi dos semanas, vigilancia, control del tráfico, combustible y horas extra del personal que se desplazó hasta Totalán.

Ha sido el consejero de Presidencia e Interior de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, el encargado de anunciar esta medida en la comparecencia posterior a la celebración del consejo. Respondiendo a preguntas de SUR, ha dicho confiar en que la cuantía de la sanción impuesta a David Serrano sea aportada.

Según han informado desde la propia Junta de Andalucía, los técnicos de la administración encargados de acudir al lugar e inspeccionarlo constataron la existencia de un sondeo de aprovechamiento de aguas que no se encontraba «tapado ni entubado». El 8 de febrero de 2019, la Delegación Territorial de Conocimiento y Empleo en Málaga comunicó a la Secretaría General de Industria, Energía y Minas de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía que el titular catastral de la parcela donde se halla el pozo –David Serrano– no contaba con la obligatoria autorización previa de las obras de captación de aguas subterráneas ni con una solicitud para ello, al igual que tampoco había presentado el proyecto técnico de las obras a la autoridad competente.

Un mes después, el 12 de marzo, y fundamentándose en un informe de la Guardia Civil (que se encargó de coordinar el operativo de rescate de Julen), la Delegación del Gobierno de la Junta en Málaga comunicó que existían «dos prospecciones para el alumbramiento de aguas superficiales realizados a percusión. El primero, tapado o sellado y el segundo, sin entubar y sin protección alguna, siendo este último en el que cae el menor», según han indicado desde la Junta.

Este documento redactado por la Benemérita indicaba que las obras realizadas no tenían ningún tipo de autorización administrativa exigible para su ejecución, y además reseñaba que «no se tomaron las medidas de seguridad establecidas para evitar un accidente, principalmente en el pozo al que cayó el niño». Por todo ello, la Secretaría General de Industria, Energía y Minas acordó el inicio de un procedimiento sancionador contra el propietario de los terrenos el 18 de junio de 2019.

El procedimiento que ha culminado este martes fue tramitado por la Delegación del Gobierno en Málaga, nombrándose un instructor a cargo del proceso, que, una vez finalizada su labor, ha emitido la propuesta de resolución hoy acordada en Consejo de Gobierno. La defensa del sancionado no ha presentado alegaciones a los 300.001 euros de multa.

El pasado 13 de febrero, el Servicio de Industria, Energía y Minas de la Delegación de la Junta en Málaga recibió una copia de la sentencia firme dictada el 23 de enero por el Juzgado de lo Penal Número 9 de Málaga en el juicio oral por la muerte del menor, que establece como hechos probados que el dueño de la finca «contrató verbalmente» la ejecución de las perforaciones para captación de aguas subterráneas y que, aunque en un primer momento el propietario tapó el pozo con «dos bloques de hormigón», posteriormente el acusado los movió y, «faltando a sus deberes de diligencia, dejó al descubierto el pozo».

David Serrano fue condenado a un año de prisión, aunque la pena quedó suspendida. Además debe indemnizar a los padres de Julen, José Roselló y Victoria García, con 89.529,67 euros a cada uno. En el acuerdo, que se cerró evitando así un largo proceso de vistas orales. En el pacto entre la defensa de Serrano y la Fiscalía se acordaron además otros 663.982,45 euros para la Junta de Andalucía por los gastos del rescate.

Por otro lado, la Delegación de la Junta en Málaga, en el ejercicio de sus competencias, ha tramitado un expediente sancionador contra la empresa que realizó las perforaciones por la comisión de una infracción de carácter grave en materia de seguridad minera, recogida en el artículo 121.2 de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas, por la realización de actividades reguladas en dicha ley sin la dirección facultativa exigida y omitiendo la aprobación previa de los trabajos de prospección de aguas subterráneas y del proyecto correspondiente. La propuesta de resolución plantea sancionar a la entidad responsable con una multa por importe de 30.001 euros.