La huelga de jueces y fiscales deja al menos 650 juicios suspendidos en Málaga

Las asociaciones convocantes -la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF); todas menos las dos progresistas- han calificado el parón de un «éxito», indicando que el seguimiento ha sido del 70 por ciento (lo que coincidiría, a falta de datos oficiales, con la participación estimada en Málaga). El Ministerio de Justicia, no obstante, ha rebajado esta cifra al 35 por ciento.

El recuento, como apuntaban desde las propias entidades que han promovido las protestas contra la 'ley Bolaños', es complicado de llevar de manera precisa ya que tanto jueces como fiscales no tenían la obligación de comunicarlos, por lo que se están basando en correos que han mandado de manera voluntaria.

Lo cierto es que, como ha podido comprobar SUR in situ, la protesta se ha dejado notar en la Ciudad de la Justicia de Málaga. Durante tres días, las instalaciones se encontraban prácticamente vacías si se compara con el trasiego que es habitual en la sede judicial.

De hecho, muchas de las personas que han acudido al edificio de los juzgados lo hicieron básicamente en balde, como les ocurrió a María del Carmen y a Mariano, quienes estaban citados para comparecer en diferentes juicios -la primera como testigo y el segundo, como víctima- que fueron suspendidos por la huelga.

La jueza decana de Málaga, Cristina Hurtado de Mendoza, ha explicado a este medio que una de las prioridades de este viernes será volver a señalar las vistas que han sido anuladas con motivo de la protesta, además de que se tratarán de ubicar dichas causas en la agenda judicial con la mayor celeridad en función de los huecos.

A pesar del éxito del que hablan las asociaciones, lo cierto es que, más allá de la participación, el Ejecutivo central no ha dado marcha atrás en lo que respecta a las reformas en materia de Justicia que han propiciado las protestas a nivel nacional. No obstante, las cinco entidades se reúnen este viernes para valorar los próximos pasos a seguir.

Cabe recordar que la huelga ha sido una reacción contra la reforma de la ley del Poder Judicial y del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal al considerar que la misma supone «una amenaza» para la independencia judicial. Los magistrados y fiscales se refieren al proyecto de ley para modificar el acceso a las carreras judicial y fiscal y el anteproyecto de reforma del estatuto orgánico del Ministerio Fiscal.

En cuanto a la primera iniciativa, insisten en que «se trata de una reforma legal que va a rebajar la excelencia de conocimientos en el acceso a las carreras judicial y fiscal, eliminando contenido esencial para nuestra formación e introduciendo pruebas más subjetivas y susceptibles de filtración».

En este sentido, las asociaciones inciden en que se pretende crear un centro de preparación de opositores dependiente directamente del Gobierno y, «por ello, con riesgo de selección ideológica de los futuros jueces y fiscales de este país». Además, según han criticado, se quiere modificar la base de ambas carreras convirtiendo en jueces y fiscales a 1.300 jueces y fiscales sustitutos, «sin pruebas que midan su aptitud para ello».

En cuanto al segundo proyecto, las asociaciones convocantes inciden en que «quieren concentrar todo el poder en el Fiscal General del Estado», lo que, denuncian, incrementará «el riesgo de injerencias políticas en las causas de corrupción».