La Fiscalía pacta con los 25 investigados en la trama que defraudó en la compraventa de tropicales en la Axarquía

Las cifras finales de la operación conjunta desarrollada por la Policía Nacional y la Guardia Civil, denominada Aspa-Schet, fueron mucho mayores: hubo 82 detenidos, investigados por un presunto fraude fiscal de cuatro millones a la Hacienda Pública en concepto de IVA e impuesto de sociedades. Así, según informaron entonces ambos cuerpos en una nota de prensa conjunta, la operación permitió «desarticular un entramado criminal dedicado al fraude fiscal, la falsedad documental y el blanqueo de capitales en la compraventa de fruta subtropical en la comarca oriental malagueña». El número de investigados alcanzó los 550.

Algo más de tres años después, el asunto se ha dado por finiquitado en los juzgados en las últimas semanas, y finalmente no habrá juicio, al haberse alcanzado un acuerdo previo entre la Fiscalía y los 25 investigados que iban a sentarse finalmente en el banquillo, que han reconocido los delitos. Al pacto, que está solo pendiente de ser rubricado por el Juzgado de lo Penal de Málaga, tras hacerlo el de instrucción número 3 de Vélez-Málaga, se ha adherido también la Abogacía del Estado. El acuerdo lo ofrece la Fiscalía al reconocerse los cuatro delitos y abonarse la resposabilidad civil derivada por los impagos a Hacienda, que suman unos cuatro millones de euros, incluyendo los intereses de demora del dinero defraudado, por parte de José Luis Montosa, según han informado a SUR fuentes judiciales.

En concreto, el empresario de Vélez-Málaga José Luis Montosa ha aceptado una pena de 24 meses de prisión, con una multa de 493.321,47 euros, por cuatro delitos de fraude en la compra de frutas subtropicales y la contratación de otros servicios auxiliares. La empresa José Luis Montosa S. L., de la que es propietario y administrador único, también abonará una multa por idéntico importe, hasta sumar un total de 986.642,94 euros.

A esta cantidad se suman los mencionados cuatro millones de euros abonados a Hacienda. Por su parte, los otros 24 investigados, han aceptado una pena de 21 meses de prisión y una multa de 2.700 euros por un delito continuado de falsedad en documento mercantil. Todos los condenados tendrán que abonar además las costas judiciales. El pago de los casi cinco millones se ha realizado desde 2022 y ya se ha completado, cubriendo la totalidad de la deuda tributaria y las multas por parte de la empresa.

Por su parte, el acuerdo con la Fiscalía establece que "se interesa la suspensión de las penas de prisión que se impongan en la presente causa a cada uno de los acusados siempre que carezcan de antecedentes penales computables al concurrir los requisitos previstos en el artículo 80 del Código Penal, condicionada a que no delincan durante el plazo de dos años".

El fraude económico que han reconocido estos 25 condenados incluía hasta tres líneas operativas diferentes. En la primera se producía un fraude en compras de fruta que beneficiaban directamente a determinados «proveedores privilegiados». «Se cometería a través de la venta de fruta sin declarar, lo que supondría unos beneficios a esos verdaderos agricultores, al vender su fruta sin declararla, al margen del control fiscal, gracias al sistema orquestado por la organización con la mayorista frutícola en el centro del proceso, lo que generaría importantes beneficios fiscales para los mismos, con el consiguiente perjuicio para la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT)», según han detallado a este periódico las fuentes jurídicas consultadas. Esta operativa generaría beneficios, aún de forma indirecta, para José Luis Montosa S. L. como su propietario, según el acuerdo fiscal.

La segunda operativa consistía en el fraude en las compras de fruta que beneficiaban directamente a José Luis Montosa S. L. y a su propietario y administrador único, «resultando que, a través de esta operativa, la empresa declaraba como compras de fruta a falsos agricultores su propia producción frutícola, generando fiscalmente unos gastos ficticios con importantes beneficios tributarios que, a su vez, suponen un cuantioso fraude a la AEAT».

Por su parte, la tercería vía operativa de este fraude a la Hacienda Pública consistió en un fraude en las compras de servicios auxiliares en beneficio directo de José Luis Montosa S. L. y su propietario, resultando que a través de esta operativa, la empresa «declararía a la AEAT unos gastos ficticios, esta vez por documentar unas compras de servicios auxiliares a su actividad principal que, si bien abona a los presuntos empresarios, se orquestaría de modo que el dinero finalmente recalaría en la Caja B de efectivo representada en los Cuadernos DOHE, retornando al poder de la organización».

Según las fuentes jurídicas consultadas por SUR, «esta operativa incrementaría, aún más, el fraude a la Hacienda Pública». «Las facturas falsas emitidas fueron esenciales para que José Luis Montosa S. L. contabilizara unos gastos de explotación ficticios y abonara unos importes de IVA indebidos por los impuestos de Sociedades e IVA».

Respecto a la mencionada primera operativa, que consistió en el fraude en las compras de fruta que beneficiaban directamente a proveedores privilegiados, por un auto del 14 de junio de 2023, las fuentes han detallado que se acordó la formación de diligencias previas «para la instrucción separada de los distintos delitos imputados a cada uno de los distintos testaferros o falsos agricultores que, fraudulentamente, fueron dados de alta en el Régimen Especial del IVA para la Agricultura, Ganadería y Pesca».