Cinco detenidos en Málaga tras caer una red que defraudó más de 20 millones de euros en la venta de móviles

La investigación se desarrolló sobre la actividad que venía desplegando desde 2019 la organización criminal desmantelada, sirviéndose de un complejo entramado empresarial de distintos niveles por todo el territorio nacional y compuesto por más de 20 sociedades mercantiles, incluidas tiendas comercializadoras de telefonía móvil. Esta estructura estaba diseñada para evadir el pago del Impuesto sobre el Valor Añadido.

La actividad investigada ha puesto de manifiesto una operativa comercial artificial basada, por un lado, en el aprovisionamiento de teléfonos importados y, por otro, en compras en grandes superficies aprovechando promociones.

Para la comercialización posterior, la organización ideó un sistema defraudatorio en el que simulaba una concatenación de reventas mediante supuestos envíos de los terminales móviles por paquetería, en los que los investigadores pudieron corroborar que en lugar del material electrónico comercializado, constaban rellenos simplemente de madera o incluso botellas de agua, con un peso idéntico al que figuraba en las facturas, todo ello para justificar la venta y entrega de los mismos, a la vez que dificultaba la trazabilidad de la mercancía.

En última instancia, vendían los dispositivos como reacondicionados a consumidores finales situados, tanto en territorio nacional -aplicando indebidamente el Régimen Especial de Bienes Usados (REBU)-, como en otros países europeos a través de plataformas de comercio electrónico.

La aplicación de diversos esquemas de defraudación del IVA les permitió realizar ventas de grandes cantidades de teléfonos móviles a un precio sensiblemente reducido respecto al de la competencia, posibilitando el acaparamiento de los mercados y obteniendo cuantiosos beneficios económicos.

Durante el desarrollo de la investigación se realizó un complejo análisis económico patrimonial que puso de relieve que los líderes de la organización criminal investigada dedicaban la mayor parte de los beneficios de su actividad ilícita a la adquisición de inmuebles por todo el territorio nacional.

En concreto, según han indicado, han sido bloqueados 146 inmuebles y más de 280 cuentas bancarias utilizadas para la canalización de fondos de dichas ganancias.

A finales del pasado mes, bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número 6 de Málaga, tuvo lugar la fase de explotación de la operación.

En ella se han practicado 23 entradas y registros en sociedades mercantiles y domicilios particulares a lo largo de todo el territorio nacional: nueve en la provincia de Málaga, cuatro en la provincia de Valencia, tres en la provincia de Sevilla, tres en la provincia de Madrid, dos en la provincia de Cádiz y dos en la provincia de Barcelona.

En esta fase se ha detenido a 15 personas: cinco en Málaga, cinco en Valencia, dos en Madrid, una en Sevilla, una en Cádiz y una en Barcelona, y se han intervenido 9.000 teléfonos móviles de distintas marcas y modelos listos para ser comercializados fraudulentamente, 200.810 euros en efectivo, 35.500 dólares en 'criptodivisas' y 75 vehículos.

La operación ha sido llevada a cabo por funcionarios de la Dependencia Regional de Inspección de la Agencia Tributaria en Andalucía, junto al Departamento de Delincuencia Económica y Anticorrupción de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.