El asesinato de un empresario en Marbella queda impune: declaran inocentes a los dos hombres acusados de matarlo

Cabe recordar que los dos procesados se enfrentaban a la petición de la prisión permanente revisable por el asesinato del empresario, quien fue acribillado a disparos cuando llegó a su vivienda, en San Pedro de Alcántara, hace ahora casi cuatro años. Los dos encausados también se han librado de la acusación por tenencia ilícita de armas.

Así lo ha decidido un tribunal del jurado al considerar que estos hechos no habían quedado probados durante el juicio, tal y como expuso ayer en la lectura del veredicto en la Audiencia Provincial de Málaga. Solo uno de ellos ha sido condenado como autor de los delitos de pertenencia a grupo criminal y de daños con incendio.

El letrado de este procesado, Luis Miguel Ruiz Braña, solicitó que la pena por el primer delito se fijase en dos años, mientras que la Fiscalía elevó su petición a los cuatro años. Por el de daños, el abogado de la defensa pidió que el castigo fuese de un año, la mitad de lo que reclamó el Ministerio Público.

El crimen que ha quedado impune se empezó a enjuiciar en Málaga por un jurado popular el pasado lunes 20 de noviembre. Los dos hombres, a los que acusaban de ser sicarios y de matar al empresario por encargo, se enfrentaban a los delitos de pertenencia a grupo criminal, asesinato, tenencia ilícita de armas y daños mediante incendio.

Según mantenía la Fiscalía en su escrito de conclusiones iniciales, -y también el abogado de la familia de la víctima- los dos investigados formaban parte de un grupo radicado en Países Bajos que, supuestamente, se dedicaban a realizar «actividades ilícitas contra la vida de las personas y sus bienes».

«En el seno de dicha actividad delictiva del grupo, los procesados aceptaron el encargo de acabar con la vida» de la víctima, para lo que se desplazaron a España, realizando los días previos vigilancias de las inmediaciones del domicilio y locales de ocio de Puerto Banús regentados por el hombre, de acuerdo con la acusación.

La intención era, junto con al menos otro individuo del grupo, «darle muerte» a la víctima cuando cerrara sus negocios y regresara a su domicilio en el núcleo de población de San Pedro de Alcántara, según el Ministerio Público. Para llevar a cabo su plan, sostenía que tenían preparado un vehículo robado en Conil de la Frontera (Cádiz).

La tesis de la acusación pública era que el día 21 de enero de 2019, sobre las 03.09 horas, los acusados, junto al menos otro miembro del grupo, fueron con gorros para ocultar el rostro hasta las inmediaciones del domicilio de la víctima, a la que acribillaron a tiros cuando estaba aún en el vehículo, causándole la muerte de inmediato.

Según la Fiscalía, dos días más tarde, cogieron el vehículo de un garaje donde lo habían guardado y lo llevaron a una zona deshabitada y le prendieron fuego, provocando un incendio que tuvo que ser extinguido.

Estos hechos, defendidos tanto por el Ministerio Público como por el letrado de la acusación particular, que representaba a la familia del empresario asesinado, no quedaron debidamente probados en el juicio, según ha concluido el jurado popular.

Cabe señalar que el principal investigado -el que ha sido condenado por pertenencia a grupo criminal y daños por incendio- ingresó en prisión provisional hace tres años y ocho meses por esta causa, tras lo que ha sido declarado inocente del asesinato.