Acusado de estafar 300.000 euros a un hombre con una falsa promoción de casas en Fuengirola

Los hechos tuvieron lugar en 2011. El Ministerio Público explica que la víctima, un ciudadano ruso, conoció al procesado a principios del citado año a raíz de la construcción de una vivienda en Marbella. Al respecto, indica que había contratado los servicios del acusado.

Según se plasma en el escrito de conclusiones provisionales, al que ha tenido acceso este periódico, el procesado se había presentado ante él como un gestor administrativo y promotor inmobiliario. Al parecer, hacía alarde de tener solvencia económica y numerosos proyectos en marcha.

De esta forma, «prevaliéndose de la confianza que había depositado en él la víctima y con ánimo de enriquecerse a su costa», en julio de 2011, «bajo la falsa promesa de ejecutar una promoción de cinco viviendas en una parcela de su propiedad en Fuengirola», consiguió que el querellante le prestara 300.000 euros.

A cambio, continúa la Fiscalía, le ofreció una garantía hipotecaria sobre dicha parcela que permitiría al perjudicado hacer suyo el terreno en caso de impago del préstamo. Al parecer, el plazo de amortización se fijó en tres años con un interés anual del siete por ciento sobre el capital prestado.

Desde el Ministerio Público se asegura que el préstamo no fue satisfecho por el procesado y que la promoción no se realizó. De hecho, señala que el procesado nunca inició los trámites para la ejecución de los trabajos, ni solicitó licencia municipal de obra ni contó con un proyecto inmobiliario sobre dicha parcela.

Supuestamente, el acusado ofrecía a la víctima múltiples excusas sobre las razones de la inejecución de la obra. Todo ello, cuando lo cierto era que había destinado a fines propios los 300.000 euros recibidos, siempre según se recoge en el citado documento judicial.

Finalmente, la Fiscalía indica que el procesado tampoco constituyó a favor del perjudicado la garantía hipotecaria sobre la parcela en cuestión. Estos terrenos, desde abril de 2018, pertenecen a una sociedad en la que el acusado carece de cualquier participación.

Tras hacer este relato de los hechos, el Ministerio Público considera que el procesado es responsable de un delito de estafa y solicita a los magistrados que juzgarán este caso que lo condenen a seis años de prisión. Asimismo, se solicita una multa de 9.000 euros y una indemnización para la víctima que será determinada, en caso de ser condenado, durante la ejecución de la sentencia.