Confirmada la rebaja de pena para dos de los condenados de la Manada de Pamplona

Ambos, así como sus secuaces en la agresión en manada de una chica durante los Sanfermines de 2016, cumplían 15 años de prisión por un delito continuado de violación, que en un principio sólo había sido apreciado como abuso sexuales y que sacudió a la sociedad española, por el voto particular de uno de los jueces de primera instancia, que calificó los hechos como «jolgorio».

La sentencia del TSJN llega cuando los condenados tienen siete años y nueve meses en un centro penitenciario y es idéntica a una anterior, ya confirmada por el Supremo en julio de 2024, que beneficiaba a otro de los cinco condenados, que había solicitado ese beneficio primero, en septiembre de 2023. En la resolución que concede la rebaja a Prenda y Bouza, el magistrado considera que se trata de «los mismos hechos».

Como la sentencia previa a la nueva ley era «próxima o cercana» al mínimo establecido, y no al máximo, que permaneció sin cambios, la resta correspondía a un año, y no a nueve meses, como pedían las acusaciones, tanto la particular como las públicas.

«La pena se ha de situar en cuantía muy próxima al mínimo legal (o como también se expresó ‘muy cercana al mismo’), razón por la cual la revisión venía impuesta por tal criterio del citado órgano judicial sentenciador, sin operar sobre los nueve meses por encima del mínimo como lo había situado el Tribunal Supremo, y como pedía el recurrente, sino en un año más por encima del mínimo», mantiene el ponente, Joaquín Galve.

El primero de los cinco agresores sexuales en pedir que disminuyera su condena fue Ángel Boza, nacido en 1991 y con antecedentes penales. Lo hizo en 2023 y había sido concedida por el Tribunal Superior de Navarra, con el mismo juez ponente que en estas dos de Prenda y Escudero. En 2024 la rebaja fue firme con una resolución del Supremo, que en 2019 había aumentado la pena de los cinco acusados de nueve a quince años de prisión, al considerar que cada penetración era un hecho distinto y no uno solo por hacerse en un mismo espacio de tiempo y lugar. Esa consideración hizo que pasara de una sola agresión sexual a violación continuada.

Los siguientes en acogerse a los beneficios de la nueva ley fueron José Ángel Prenda y Jesús Escudero, que en febrero lograron que un primer tribunal les diera la razón. La Fiscalía no se opuso, pero las demás acusaciones sí. Los otros dos culpables de la violación, Antonio Guerrero, ex guardia civil en prácticas nacido en 1989, y Alfonso Cabezuelo, exmilitar nacido en 1988, no han dado el paso aún. Cabezuelo dijo en una ocasión que no la pediría.

Desde que entró en vigor, la ‘Ley de garantía integral de la libertad sexual’ ha permitido que más de 1.400 sentencias sean revisadas y, acorde con la modificación legal de las penas mínimas redactadas por el Ministerio de Igualdad de Irene Montero, se calculen a la baja. Antes de la publicación de la ley las penas por este tipo de delitos era de 14 años y tres meses a 18 años de prisión. Ahora está entre 13 años y siete meses a los 17 años.