El Supremo avala como beneficiario del seguro de una mujer al hermano que la mató a martillazos

La Sala de lo Civil considera que en este caso no es de aplicación la previsión contenida en el artículo 92 de la Ley de Contrato de Seguro, que establece que la muerte del asegurado, causada dolosamente por el beneficiario, privará a éste del derecho a la prestación establecida en el contrato, quedando esta integrada en el patrimonio del tomador. Los magistrados interpretan que la expresión «causó dolosamente» exige conciencia y voluntad de causar la muerte, y, por tanto, haber sido imputado por el delito, por lo que no incluye un supuesto como el examinado.

La asegurada firmó con Ibercaja un contrato de seguro de vida con una aportación inicial de 23.6000 euros y puso a uno de sus tres hermanos como único beneficiario en caso de fallecimiento. La mujer iba todos los días al domicilio de este para acompañarlo y ayudarle en las tareas del hogar y en el cuidado de su nieto. Un día se lo encontró sin arreglar, pese a que tenía consulta médica, y en un momento dado empezó a golpear a su hermana con dos martillos en la cabeza hasta que le provocó la muerte.

La Audiencia Provincial de Logroño consideró que los hechos probados eran constitutivos de un delito de asesinato del que era autor el acusado, a quien se absolvió por concurrir la causa de inimputabilidad completa de alteración psíquica plena, imponiéndole la medida de internamiento en un centro psiquiátrico penitenciario durante 20 años.

Tras el juicio penal, un segundo procedimiento civil declaró la incapacidad del acusado y nombró tutora a su hija, que demandó a Ibercaja para reclamar el abono de 23.600 euros, más los intereses, que le correspondían a su padre como único beneficiario de la póliza. Tanto el juzgado de Primera Instancia nº 5 de Logroño como la Audiencia Provincial desestimaron la demanda por entender que en este caso sí cabía privar a este hombre de la prestación según lo previsto en el artículo 92 de la citada ley.

El Tribunal Supremo, en una sentencia que tiene como ponente a Manuel Almenar, rebate el criterio de los tribunales inferiores por completo y explica que, en el supuesto enjuiciado, la sentencia penal declaró probado que el acusado padece «un deterioro cognitivo compatible con un síndrome demencial», que, en el momento del crimen, afectaba de «manera severa» a su entendimiento de la realidad, «hasta abolir de manera plena su capacidad de comprensión». Es el motivo por el que el tribunal juzgador decreta la imputabilidad del acusado tras apreciar la eximente prevista en el art. 20.1º Código Penal, ya que cuando dio muerte a su hermana, debido a la mencionada anomalía o alteración psíquica, no podía «comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión».

La sala resume que, «desde el momento en que el deterioro cognitivo que padecía el demandante anuló de manera plena su capacidad de comprensión, impidiéndole entender lo que hacía y las consecuencias de su conducta, no es posible imputarle la agresión a su hermana ni, por ende, afirmar que estamos ante una acción consciente y voluntaria en tanto que realmente querida, por lo que, de conformidad con la línea jurisprudencial expuesta, entendemos que no es de aplicación la previsión contenida en el art. 92, lo que determina que el contrato de seguro despliegue todos sus efectos».