Las mujeres recuperan su derecho a la reproducción asistida

La medida que aprueba hoy el Ejecutivo de Pedro Sánchez beneficiaría sobre todo a aquellas residentes en las comunidades de Murcia y Asturias, únicas regiones que hasta la fecha no facilitan tratamientos de fertilidad a estas mujeres.

Andalucía fue la comunidad pionera en ponerlo en marcha en el Hospital Virgen de las Nieves de Granada, en 1990, y dispone de este tratamiento en todos sus hospitales públicos desde 2006, a pesar de la decisión del Ejecutivo de Mariano Rajoy, con Ana Mato como ministra de Sanidad.

La Comunidad de Madrid, gobernada por el PP, garantiza estos tratamientos independientemente de la condición sexual y estado civil, al igual que Cataluña, La Rioja, Castilla y León, Aragón, Galicia y Cantabria.

Navarra tiene incluido en el sistema sanitario público los tratamientos desde 2017, a través de una orden foral que garantiza que cualquier persona pueda acceder a ellos «sin discriminación alguna por sus preferencias personales, orientación social o a su nivel de renta, sin necesidad de acreditar la existencia de indicación terapéutica reconocida».

También en Castilla-La Mancha está asegurado el acceso gratuito a técnicas de reproducción asistida dentro de la sanidad pública a todas las mujeres, con independencia de su orientación sexual, su estado clínico -sean fértiles o no- y su situación afectiva -estén solas o con pareja- desde el 1 de enero de 2017. Por su parte, el Gobierno vasco decidió en 2013 no excluir a estas mujeres por una cuestión de «ética» y por entender que hoy en día «está claramente aceptada la diversidad de las familias».

Extremadura tampoco suspendió en 2013 los tratamientos, una decisión que adoptó el entonces presidente de la Junta de Extremadura, el popular José Antonio Monago, que se desmarcó así de la política de su propio partido, y que ha continuado el socialista Guillermo Fernández Vara.

Igualmente, en «Canarias nunca dejó de ofrecer esa prestación», tal y como ha confirmado el Servicio Canario de la Salud.

La actual ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón, decidió en 2015, cuando era consejera del ramo en la Comunidad Valenciana, devolver el derecho a las lesbianas y mujeres sin pareja a acceder a las técnicas de reproducción asistida.

Además, el Gobierno valenciano aprobó el pasado 8 de junio el proyecto de ley LGTBI que, entre otros aspectos, garantiza el acceso a los tratamientos de fertilidad a todas las personas con capacidad gestante o sus parejas en condiciones de igualdad.

En la presente legislatura autonómica, que comenzó en el verano de 2015, el Govern de izquierdas de Baleares dejó sin efecto en la práctica la restricción estatal de los tratamientos. Por el contrario, en Asturias esta prestación no está incluida en la cartera básica aunque el Gobierno regional estaba preparando un decreto para garantizar el acceso de todas las mujeres en condiciones de igualdad en una cartera complementaria.

Tampoco Murcia presta en la actualidad este servicio, aunque desde la Consejería de Sanidad han asegurado a Efe que cumplirán siempre si se decide incorporar esta opción a la cartera básica de servicios del Servicio Murciano de Salud.

Desde el Gobierno de esta región señalan a Efe que está en marcha un proyecto para que el hospital Virgen de la Arrixaca cuente con su propio laboratorio de fecundación público, ya que actualmente no puede desarrollar todos los procesos de fecundación al no contar con banco de gametos, que es lo que imposibilita hoy por hoy la atención a mujeres lesbianas y solteras.

Ceuta y Melilla, ciudades autónomas que no tienen trasferidas las competencias sanitarias, tampoco ofrecen esta prestación.