Sanidad dará más dinero a las autonomías que luchen contra la precariedad en primaria

El acuerdo al que ha llegado hoy el Consejo de Ministros indica que los 172 millones que el Estado distribuirá entre todas las autonomías en 2025 para modernizar la atención primaria tendrán un doble reparto. El 50%, según lo que era habitual, se distribuirá en función de la población, la superficie, la dispersión y la insularidad de cada territorio. La otra mitad se repartirá según los mismos criterios, pero solo entre las comunidades que se hayan comprometido a cumplir, antes del 31 de diciembre próximo, una serie de requisitos. Las autonomías que en 2026 no acrediten documentalmente haber cumplido sus compromisos de 2025 no tendrán acceso al tramo condicionado del plan de financiación estatal que también existirá el próximo año.

La condiciones a cumplir para tener acceso a la segunda mitad del reparto son cuatro. La primera es la publicación de una nueva oferta de empleo público en todas las categorías profesionales de atención primaria para avanzar en la estabilización de las plantillas. La segunda exige la implantación de medidas e incentivos para garantizar que se completan los puestos sanitarios de más difícil cobertura. La tercera es el nombramiento prioritario de enfermeras especialistas para cada plaza y, el cuarto, la toma de medidas para garantizar al 100% las unidades docentes existentes para la formación de médicos residentes y su calidad.

Los 172 millones de euros para la primera anualidad de la financiación del plan de choque 2025-2027 deberán destinarse por las autonomías a una serie de mejoras concretas. Servirán para ampliar los procedimientos diagnósticos de los centros de salud, como la incorporación de las ecografías, y también para optimizar los procesos administrativos, reduciendo la carga burocrática del personal sanitario, entre otras medidas con soluciones de inteligencia artificial orientadas a la transcripción del diálogo con el paciente en la consulta.

El plan prevé la renovación de las infraestructuras y el equipamiento clínico, modernizando los centros de salud y dotándolos de los medios necesarios, la implantación de programas de detección temprana de violencia de género y el avance en la interoperabilidad de las historias de salud digitales, integrando la información entre atención primaria, hospitalaria y sociosanitaria.

La estrategia incluye entre sus objetivos el fomento de escuelas de salud para la ciudadanía, con programas como el de 'paciente experto' o 'cuidador experto', y medidas para la mejora de acceso a la atención continuada de personas en situación de sinhogarismo.