Libertad con cargos para el anestesista de la clínica dental de Alzira

La jueza ha considerado que no se dan las condiciones para dictar la prisión provisional que solicitaba el Ministerio Público debido a que no ha apreciado riesgo de fuga, por encontrar acreditado suficiente arraigo en España del detenido, ni de destrucción de pruebas.

Entre las medidas cautelares adoptadas por la titular del juzgado está el comparecer de forma periódica ante el juzgado y la retirada del pasaporte. Además, no podrá salir del territorio nacional.

El hombre queda investigado en una causa abierta por los delitos de homicidio por imprudencia profesional, lesiones por imprudencia profesional, hurto y omisión del deber de socorro.

En su auto, la magistrada recuerda que aún no dispone de elementos suficientemente incriminatorios contra el investigado como para adoptar una medida como la solicitada por la Fiscalía, pues es necesario obtener la historia clínica de ambas menores y los resultados de las analíticas de las muestras obtenidas.

La instructora entiende que en «este momento incipiente de la instrucción, no existen suficientes indicios racionales de que la causa definitiva de la muerte de una de estas menores pueda ser atribuida exclusivamente a una imprudencia profesional grave o menos grave del investigado».

El especialista abandonaba los juzgados unos minutos después de las cinco de la tarde, después de pasar alrededor de seis horas dentro de las dependencias judiciales. Iba tapado con una capucha para evitar que su rostro fuera captado por las cámaras que han permanecido esperando durante las casi seis horas que ha permanecido en el interior.

Le estaba esperando en la puerta un vehículo de su familia. Ha entrado con rapidez en el coche para evitar así contestar a las preguntas de los periodistas. Su abogado tampoco ha querido realizar manifestaciones al abandonar la sede judicial en el mismo momento en que su representado subía al coche.

La jueza ha decretado su puesta en libertad al no existir la opción de que pudiera destruir pruebas y porque no va a sustraer la acción de la justicia.

De esta forma ha culminado una jornada que había empezado con mucha expectación y alguna incidencia en las puertas del juzgado por la declaración del especialista. Los allegados del anestesista han hecho todo lo posible para evitar que los medios de comunicación que cubrían la noticia pudieran obtener imágenes de su entrada. Para ello no han dudado en recurrir a paraguas y sábanas para entorpecer la visión de los profesionales de los medios de comunicación y que no se viera su imagen.

El vehículo policial con el arrestado ha llegado poco después de las once de la mañana. Ha sido entonces cuando han desplegado esos objetos para impedir que las cámaras tomaran imágenes de la entrada en el juzgado y han conseguido su objetivo.

El vehículo con el anestesista se ha marchado ante todo ese revuelo. Finalmente, los agentes han optado por eludir a todos los que se habían dado cita allí y a las 11.15 horas el arrestado ha accedido al edificio por la puerta trasera de los juzgados.

Fue este miércoles cuando agentes de la Policía Nacional procedieron al arresto del anestesista en Valencia. Le leyeron su derechos y le informaron de que estaba detenido como presunto autor de un delito de homicidio por imprudencia grave, así como por los delitos de lesiones, omisión del deber de socorro, contra la salud pública y hurto. Según las investigaciones policiales, una supuesta mala praxis al administrar las dosis de anestesia a dos niñas provocó la muerte de una de ellas y la otra sufrió una grave intoxicación por la que acabó ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) pediátrica del Hospital Clínico de Valencia y doce días después, el pasado martes, recibió el alta.

Tras su arresto, el especialista fue trasladado a la Inspección Central de Guardia (ICG) en el complejo de Zapadores, donde le tomaron las huellas. Y ha sido precisamente en un calabozo de ese complejo donde ha pasado la noche antes de acudir hoy a prestar declaración.

Quien todavía no ha comparecido ante la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Alzira es la propietaria de la clínica dental a la que acudió una menor de seis años para realizarse un tratamiento el pasado 20 de noviembre y pocas horas después falleció. La Policía Nacional también la detuvo el miércoles como presunta autora de los delitos de omisión del deber de socorro y contra la salud pública.

La mujer permaneció durante varias horas en dependencias policiales. Después salió en libertad a la espera del correspondiente juicio.

Cabe recordar que el día después del suceso la dentista declaró ante los medios que la niña «había salido perfectamente» de la consulta. Según explicó entonces, la menor había sido sometida a una sedación para extraerle varios dientes de leche y para llevar a cabo unos empastes.

Sin embargo, el pasado 21 de noviembre Sanidad clausuraba la clínica dental al señalar que este negocio no contaba con autorización para realizar este tipo de sedación intravenosa, aspecto que ha sido puesto en duda por algunos profesionales del sector, quienes consideran que existe un cierto vacío legal en este sentido.

Se puso en marcha entonces una doble investigación. Una de ellas a cargo del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional de Valencia y la otra por el servicio de inspección de Sanidad con el objetivo de esclarecer los hechos y analizar los fármacos utilizados en la sedación de las dos niñas afectadas.

El pasado 26 de noviembre, la Policía Nacional registró durante cuatro horas la clínica Mireia de Alzira, el centro de odontología pediátrica donde unos días antes sedaron a la niña de seis años que falleció horas después el Hospital de la Ribera. Los agentes, con la correspondiente orden, entraron en las instalaciones para confiscar las sustancias que administraban para la sedación de los pacientes. También se llevaron la documentación relacionada con los fármacos y tratamientos. El registro fue muy minucioso. Hasta miraron debajo de los bancos de la sala de espera.

Después accedieron también miembros de la Conselleria de Sanidad que, tras mantener una conversación con la dueña, se marcharon de la clínica. En total, fueron algo más de seis horas y media lo que se prolongaron ambas pesquisas.

Al día siguiente fue el turno del domicilio del anestesista. En este caso procedieron al registro de la vivienda un equipo de Policía Científica, agentes del Grupo de Homicidios y una secretaria judicial. Allí confiscaron sustancias sedantes y documentación.