El Gobierno no remitirá a la UE nuevas medidas para evitar la denuncia por contaminación atmosférica

El comisario europeo de Medio Ambiente, Karmenu Vella, reunió el pasado 30 de enero en Bruselas a los nueve países infractores, entre ellos España, para darles un ultimátum: o le presentaban medidas efectivas para revertir sus incumplimientos –para lo que tenían como fecha tope el próximo viernes, 9 de febrero-, o la Comisión, que tiene abiertos contra ellos expedientes sancionadores desde hace años, los denunciaría y solicitaría que sean multados.

En el caso de España tienen abiertos siete expedientes, pero los incumplimientos fundamentales se dan en Madrid y el área metropolitana de Barcelona, donde se superan las emisiones de dióxido de nitrógeno (NO2), procedente de la quema de carburantes de los vehículos, y en el caso catalán también se excede en la emisión de partículas PM10, generadas por la industria y las eléctricas. Hay otros casos menores en Andalucía y Asturias.

La ministra de Medio Ambiente explicó este miércoles en el pleno del Congreso que España ya comunicó a Vella en la reunión del 30 de enero qué medidas se van a tomar para tratar de cumplir con los límites de contaminación, pero no indicó que vaya a utilizar el plazo adicional de esta semana para añadir nuevas acciones que minimicen la posibilidad de la denuncia.

García Tejerina señaló que, en enero, se le informó de las acciones de mejora que van a emprender los ayuntamientos y las comunidades autónomas, "que son los competentes para garantizar la calidad del aire", y de las medidas de apoyo que lanzará el Ejecutivo, contenidas en el Plan Aire II, aprobado en diciembre y que entre otras previsiones invertirá 276 millones en ayudas para la adquisición de vehículos limpios.

La titular de Medio Ambiente, no obstante, dejó muy claro que la responsabilidad de evitar las sanciones comunitarias es de los gobiernos municipales de Madrid y Barcelona, en manos de Podemos y sus confluencias, que son los competentes, "los principales focos de incumplimiento" y quienes tiene que tomar las medidas decisivas. El Gobierno, añadió, solo aporta soluciones adicionales "para suplir las carencias y dejadez de las administraciones responsables". Aún así, recordó que han gastado 1.200 millones en ayudas para adquisición de coches menos contaminantes y 2.000 millones en la eficacia energética de edificaciones.

García Tejerina demandó a las alcaldesas de ambas ciudades que "no se pongan de perfil", que "cumplan con sus obligaciones", y que "asuman y gestionen sus competencias", porque, aseguró, "está en sus manos arreglar el problema".

La diputada de Unidos Podemos Lucia Martín, que fue quien interpeló por esta asunto a la ministra en el pleno, recordó a García Tejerina que la UE a quien "ha llamado la atención y ha exigido acciones concretas para reducir la contaminación" es al Gobierno de España, que cree que oculta "su nefasta gestión" descargando ataques políticos en "los ayuntamientos del cambio", quienes, aseguró, a diferencia de sus predecesores, han tomado un amplio paquete de medidas para mejorar la calidad del aire.

Martín contestó a la ministra que si quiere que Madrid y Barcelona contaminen menos el Gobierno tendrá que cumplir con su parte. Entre las acciones que demandó están la mejora de la inversión en las infraestructuras de transporte público de estas metrópolis, que posibilitaría la bajada de tarifas y la minimización del uso del vehículo privado, y, sobre todo, algo que la UE le reclama desde hace años, la elevación de los impuestos a la adquisición de vehículos diésel, los que más NO2 arrojan a la atmósfera, que en España siguen privilegiados frente a los de gasolina, que son menos contaminantes.