El Gobierno endurecerá los criterios de creación de universidades

El cambio legal lo anunció el propio presidente Pedro Sánchez en un acto ante los principales representantes de la comunidad universitaria española celebrado hoy en la sede de la UNED. Allí aseguró que el objetivo de la reforma es impedir que algunas comunidades, entre las que citó a Madrid, usen sus competencias para «debilitar deliberadamente» el sistema público de educación superior y para autorizar como nuevas universidades lo que no son más que «academias» o incluso «chiringuitos educativos privados».

El presidente avanzó que la reforma legal incluirá tres tipos de medidas para garantizar que en España solo se creen universidades si los proyectos cumplen con unos mínimos de calidad y de excelencia. El primer cambio tiene por objeto impedir que haya comunidades que estén autorizando la creación de universidades privadas con informes negativos de la Conferencia General de Política Universitaria, el órgano de coordinación en materia de educación superior que reúne a representantes del Ministerio de Ciencia y de las autonomías. Informes que en algunos casos se ignoran pese a que indican que los aspirantes tienen unos niveles de investigación o de variedad de titulaciones insuficientes debido a que es un trámite preceptivo (es obligado pedirlo), pero no vinculante (las consejerías no tiene por qué seguir sus conclusiones o indicaciones).

Con la reforma que se inicia mañana, las autonomías ya no podrán autorizar universidades que no superen un «informe de evaluación» realizado por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y la Acreditación (ANECA) o de sus equivalentes autonómicas. Ese informe de nueva creación, que se añadirá al ya existente, no solo será preceptivo sino también «vinculante» y «garantizará los criterios de calidad» del proyecto con un análisis «riguroso e independiente», comentó Sánchez.

Ese justo es el segundo pilar de la nueva norma. Endurecerá los criterios básicos para autorizar la apertura de una universidad. Entre los nuevos requisitos estarán asegurar un mínimo de 4.500 alumnos en los primeros cinco años de funcionamiento, disponer de solidez económica garantizada, contar con una oferta de alojamientos para los estudiantes de no menos del 10% de los matriculados, que los promotores de la institución tengan «experiencia de gestión contrastada» en educación superior y que cumplan con unas exigencias mínimas y más estrictas que las actuales en inversiones y producción en investigación.

Como tercera medida, el real decreto pretende terminar con proyectos 'online' que se disfrazan de universidades sin serlo. Considerará que todas las universidades que imparten la gran mayoría de sus créditos 'online' tienen un carácter y un ámbito de actuación nacional, por lo que «solo podrán ser autorizadas con la aprobación de las Cortes Generales» y no de una autonomía, avanzó Pedro Sánchez.

El presidente dijo que el Gobierno ha decidido actuar porque considera que hay comunidades que han puesto en marcha una estrategia «deliberada» de privatización del sistema público universitario que amenaza con acabar con las igualdad de oportunidades y con el «ascensor social» que considera que son desde hace cuatro o cinco décadas los campus públicos españoles. Recordó que desde 1998, cuando se creó el último campus público, se han creado 26 universidades privadas, que hay otras diez autorizadas y nueve más en espera de resolución de la solicitud.

Sánchez aseguró que esa estrategia consiste en «ahogar financieramente» a las universidades públicas y «extender una alfombra roja a esas academias o chiringuitos educativos privados», con lo que cree que esas autonomías «buscan reemplazar la igualdad por los apellidos y la cuenta bancaria». Primero, explicó, les cortan la financiación, lo que provoca una reducción de su calidad y, cuando el deterioro se hace evidente, proponen como única solución la privatización del servicio público. «Lo mismo que han hecho con la sanidad pública», indicó el presidente del Ejecutivo, quien aseguró que la Comunidad de Madrid ha recortado un 30% la financiación de sus seis campus públicos desde 2016 y que Andalucía la tiene «congelada desde hace seis años» pese a que su Gobierno ha aumentado las transferencias de fondos a las autonomías en un 50%.

El Partido Popular reaccionó al anuncio con el recordatorio de que tanto Pedro Sánchez como otros cuatro de sus ministros, los de Interior, Asuntos Exteriores, Inclusión y Seguridad Social e Industria y Turismo, estudiaron y obtuvieron sus títulos universitarios y alguno de sus cursos de posgrado y especialización en campus privados.