El Govern se resigna a acatar el 25% de clases en español en una escuela

El centro educativo Turó del Drac, en la localidad del Maresme, tenía que aplicar desde ayer la sentencia judicial que le obliga a impartir en castellano el 25% de las clases para los alumnos de una de sus dos clases de P5. Lo reclamaron unos padres para sus hijos de cinco años y la justicia les dio la razón. El consejero de Educación de la Generalitat, Josep González-Cambray, acudió ayer a arropar a los responsables del centro y a la comunidad escolar, que defiende el modelo de inmersión lingüística basado en que el catalán es la única lengua vehicular. El Govern admitió que el centro ya ha aplicado la resolución judicial y reconoció además que no puede hacer nada más que asumir la sentencia, a pesar de que algunos sectores del mundo educativo y el independentismo le reclaman que se declare insumiso.

El propio presidente de la Generalitat advirtió días atrás de que no moverá ni una coma del modelo de inmersión, pero el consejero afirmó ayer que la resolución judicial del caso de Canet está dirigida al director del centro y que el Govern no tiene capacidad de actuación. «Es un ataque intolerable que rechazamos», afirmó el consejero a las puertas de la escuela.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dictó una orden cautelar días atrás que obliga al centro a dar el 25% de la enseñanza en castellano en el curso de P5 de Canet, a raíz de la denuncia de una familia de un niño de cinco años. La resolución llegó el día después de que el Tribunal Supremo ratificara una sentencia del Tribunal Superior que obliga a aplicar ese 25% pero en este caso a todos lo centros educativos de Cataluña. Esta es la sentencia que preocupa en el Govern, pues pone patas arriba el modelo de inmersión.

El Ejecutivo de Pere Aragonès no ha dado aún pistas de cómo afrontará esta situación, más allá de que ha convocado a un «pacto nacional» por la lengua, en el que quiere implicar al independentismo, a los comunes y al PSC. El consejero se reunió ayer con sus antecesores en el cargo, dirigentes de ERC, Junts o el PSC para tratar de trasladar una imagen de unidad en torno a la inmersión.

Los sectores que defienden el modelo solo en catalán han anunciado una campaña de movilizaciones. La primera, hoy mismo. El sindicato de estudiantes del independentismo ha convocado una protesta a las puertas del colegio de Canet. El consejero alentó ayer estas movilizaciones, que rechazaron incluso las familias del centro pues creen que hay que tratar de aislar al colegio de la polémica porque la familia que recurrió a la justicia corre el riesgo de ser señalada. Para el Govern, en cambio, no es coacción convocar una manifestación frente a la escuela, a la hora que salen los niños. «Que cada uno se exprese como considere oportuno», dijo el consejero.

Cambray arropó a las familias que defienden el sistema de inmersión en el colegio de Canet, pero guardó silencio sobre las supuestas amenazas al niño y a la familia que recurrió a la justicia para pedir más horas de castellano. Sí hizo una condena, pero en genérico contra «cualquier tipo de violencia y amenaza».

Mientras, la familia que ha impulsado la vía judicial presentó un escrito dirigido al TSJC en el que reclama a la justicia que obligue a la Generalitat a garantizar la seguridad de su hijo, su intimidad e identidad y evitar la discriminación y el señalamiento del menor. Los padres han sido víctimas de una campaña muy dura en las redes sociales. Un exprofesor de la UAB llegó a pedir que se «apedreara» la casa del alumno. La asociación 'Hablamos español' interpuso una denuncia ante la Fiscalía por incitar a la violencia y el odio.

La ministra de Justicia, Pilar Llop, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, anunciaron una investigación por si ha habido amenazas. El Gobierno recalcó la importancia de «garantizar la convivencia» y la «seguridad de los ciudadanos».

Ciudadanos y PP, por su parte, pidieron al Defensor del Pueblo que inste a que se cumpla la sentencia y pidieron a Pedro Sánchez que se implique y proteja los derechos del menor «acosado».