La primera huelga general educativa en cuatro años termina en guerra de cifras

La jornada de protesta concluyó, pasadas las ocho de la tarde, con la manifestación de decenas de miles de estudiantes, padres y docentes, que exigieron en las calles de al menos 50 ciudades españolas la derogación inmediata de la Lomce, el fin de los recortes, y que la comunidad escolar se convierta en protagonista de las negociaciones del pacto educativo, que tienen la sensación de que los políticos tratan de cerrar a sus espaldas. No se registraron incidentes de consideración más allá de la actuación de algunos piquetes en los campus universitarios.

Los convocantes, los miembros de la Plataforma Estatal por la Escuela Pública, mostraron su satisfación por haber logrado parar las clases, desde Primaria a la Universidad, y por haber «vaciado» las aulas con un seguimiento que cifraron en el 85% de los alumnos y en el 65% de los profesores y del personal de administración y servicios. Ana García, la secretaria general del Sindicato de Estudiantes, la primera en salir a calibrar la incidencia de la huelga, fue aún más lejos y describió el seguimiento del paro en las escuelas, institutos y universidades públicas como «masivo», «brutal» e «histórico» y se arriesgó a hablar de un éxito medio del 90%.

La valoración del ministerio no pudo ser más divergente. El propio ministro de Educación aprovechó su presencia matutina en el Congreso para minusvalorar la fuerza de la protesta. Ni él ni su departamento quisieron concretar cifra alguna de paro, pero sí que aseguraron que la huelga tuvo «una incidencia mínima». En opinión de Méndez de Vigo, el fracaso de la convocatoria demuestra que «no existen razones objetivas para el paro» después de que en diciembre se acordarse paralizar la puesta en marcha de las reválidas, el punto más polémico que quedaba por aplicar de la Lomce, y de que ya se esté intentando negociar en el Congreso un pacto de Estado por la educación. El secretario de Estado de Educación, Macial Marín, del que los huelguistas exigen el cese inmediato, agradeció a los profesores «su responsabilidad» por haber acudido mayoritariamente a las aulas.

Los datos facilitados a lo largo del día por las consejerías de Educación y por algunas universidades apuntan a que ambas partes exageraron con sus cálculos opuestos. A la vista de las cifras, el paro, con importantes diferencias entre comunidades, habría tenido mucho mayor éxito entre los alumnos que entre los profesores -que en ninguna autonomía superó el 20%- y se habría concentrado fundamentalmente en la red pública, para ser solo testimonial en la mayor parte de los centros privados y concertados. Las clases vacías también habrían abundado más en las facultades y en los institutos de ESO, Bachiller y FP, con un seguimiento menor en los centros de Infantil y Primaria.

Toque de atención

Ceapa, que reúne a 12.000 asociaciones de padres de la escuela pública; CC OO, UGT, STE y CGT, que representan a la mayoría sindical del profesorado de la red oficial; y el Sindicato de Estudiantes, el Frente de Estudiantes y Faest, varias de las organizaciones mayoritarias entre el colectivo, llamaron a vaciar las aulas a los 9,6 millones de alumnos de Infantil a Universidad y a los más 850.000 docentes que trabajan en toda la red educativa. Fue la primera huelga general en todos los niveles educativos que sufre Méndez de Vigo. La anterior convocatoria conjunta fue la que logró parar buena parte de los colegios e institutos del país en octubre de 2013, un último intento sin éxito de que la mayoría absoluta que tenía entonces el PP no impusiese a la oposición y a la comunidad educativa una ley, la Lomce, que todos rechazaban y rechazan.

El objetivo de la huelga, a la que no se sumaron los sindicatos de profesores ANPE, USO y CSIF ni la asociación de padres mayoritaria en los centros privados, Concapa, fue doble. Por un lado exigen al Gobierno que derogue ya la Lomce, sin esperar el resultado de un hipotético pacto educativo que no se sabe si será posible ni cuándo; el compromiso por escrito de que no habrá más recortes; y la reversión de los aplicados desde 2012, que significaron la reducción de 30.000 docentes, triplicar los interinos, el recorte de 7.000 millones en el presupuesto, la caída de la ayuda media en becas y la subida de las tasas universitarias, o el aumento de las ratios profesor/alumno y de las horas lectivas por docente.

El segundo objetivo de los huelguistas era demostrar su fuerza como toque de atención al Ejecutivo, pero también al resto de partidos, de que no habrá un pacto de Estado real por la educación estable y duradero si se limita a un acuerdo de las fuerzas políticas, si no es negociado también con los representantes de la comunidad educativa y se tienen en cuenta sus exigencias en el acuerdo final.