Criarse en un centro de menores duplica el peligro de ser un adulto pobre

Es la conclusión principal del informe 'Condiciones de vida tras salir del sistema de protección protección en España', elaborado por la ONG Aldeas Infantiles SOS, que busca llamar la atención de la sociedad y los poderes públicos sobre la tragedia de los chicos extutelados, cuya entrada en la vida adulta, subrayan, «está mercada por la desigualdad y la falta de oportunidades».

Los cálculos de Aldeas Infantiles indican que el 41% de los ciudadanos españoles que han crecido en centros de protección a menores, cuatro de cada diez, se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social, una proporción que prácticamente dobla la de la población general, que es del 24%. De hecho, el análisis indica que las personas extuteladas son el colectivo social en mayor riesgo de pobreza y exclusión social en España, por encima del resto de los grupos más vulnerables, como son la infancia y la adolescencia, las familias monoparentales, las mujeres, las personas con discapacidad o los residentes en zonas rurales.

La razón de este problema es que los aproximadamente 4.000 jóvenes que viven en acogimiento residencial público y cumplen 18 años deben abandonar el sistema de protección, enfrentándose de golpe a una emancipación prematura y difícil y a una falta absoluta de recursos para enfrentar su nueva situación.

Mientras que la edad media de emancipación de los jóvenes españoles se sitúa en torno a los 30 años, ellos deben hacerlo a los 18 y, además, sin una red familiar estable y sin recursos económicos o emocionales que los respalden. «Para ellos, la mayoría de edad no representa libertad sino el inicio de una etapa de incertidumbre y responsabilidad asumida en solitario«, explican desde Aldeas Infantiles SOS.

El informe de la ONG explica que este salto vital obligado y prematuro los coloca en clara desventaja respecto al resto de miembros de su generación y que, a partir de ahí, las dificultades se encadenan. Acceder a una vivienda digna sin avales ni ahorros resulta casi un imposible; su continuidad educativa se resiente, con un alto abandono de los estudios, porque la urgencia por cubrir gastos los empuja a priorizar empleos de corta duración; y su inserción laboral queda condicionada justo por esas trayectorias académicas interrumpidas.

De forma adicional, indican, la fragilidad de sus escasos vínculos familiares y sociales incrementa el riesgo de aislamiento y, en el plano emocional, la falta de referentes estables multiplica la sensación de inseguridad. «Los jóvenes nos trasladan que la salida del sistema se vive con miedo e inquietud y con una presión constante por salir adelante sin apenas apoyos», relatan. La dramática realidad a la que se enfrentan estos chicos, añaden, «no se debe a una falta de capacidades o motivación; sus aspiraciones son las mismas que las de cualquier otro joven, pero parten con menos recursos, encuentran más obstáculos en su camino y todo ello condiciona seriamente sus oportunidades».

El análisis recuerda que la pobreza tiene un fuerte componente intergeneracional y que las carencias que marcan la infancia de los niños y adolescentes que crecen en el sistema de protección tienden a reproducirse en la vida adulta e, incluso, a condicionar las oportunidades de sus hijos. El 43,5 % de las personas extuteladas con hijos están en riesgo de pobreza o exclusión social. «La pobreza se hereda, pero no es un destino inevitable, se puede esquivar con apoyos adecuados», sostienen desde la organización.

Justo esa es la demanda de la ONG a los poderes públicos. La necesidad de reconocer a los chicos que van a dejar los centros de acogida como un colectivo especialmente vulnerable y proporcionarles los apoyos adecuados para que puedan desarrollar un proyecto de vida digno.

Los propios jóvenes afectados por este problema han elaborado una lista con las medidas que creen que podrían darles unas oportunidades ante la vida adulta parecidas a las de su generación. Todos coinciden en que su salida de los centros debe planificarse con al menos dos años de antelación y piden que se mantenga el acompañamiento oficial y la tutela hasta los 25 años. Reclaman, asimismo, ser reconocidos como un colectivo vulnerable, que precisa de apoyos adaptados a sus necesidades, como oportunidades de formación, medidas que faciliten su acceso a una vivienda digna y a empleos estables, así como un apoyo psicológico que les permita afrontar esta etapa con seguridad.