El Gobierno indultará a la 'abuela de Fuerteventura' tras cinco meses de tramitación

Según han explicado a Efe fuentes del Ministerio de Justicia, este plazo es el habitual unos 4 meses de tramitación de los indultos desde que llega la petición al Ministerio hasta que lo estudia el Consejo de Ministros y no se ha dado ningún tipo de trato preferente a este caso frente a otros.

Así, según las mismas fuentes, Justicia recibió el pasado 31 de marzo la petición de la defensa de Josefa Hernández y el 19 de mayo se solicitaron los informes preceptivos al tribunal sentenciador -en este caso el Juzgado de lo Penal número 2 de Puerto del Rosario- y a la Fiscalía, que se opusieron al indulto.

El pasado 2 de julio, la División de Derechos de Gracia del Ministerio de Justicia recibió los informes preceptivos, que no vinculantes, de juzgado de lo penal y del ministerio público.

Los indultos los trata uno de los cuatro consejos de ministros que se celebran cada mes y la última reunión del Ejecutivo tuvo lugar el 10 de julio, por lo que no dio tiempo a que se tramitara el de Josefa y se llevará al primero que se celebra en agosto, es decir, el del próximo viernes, según ha explicado Justicia.

Este departamento ha indicado que el Gobierno ha concedido este año un total de 49 de las 3.592 peticiones de indulto que ha tramitado, un 1,3% del total, porcentaje que en 2014 fue del 1% al concederse 72 de los 6.824 medidas de gracia reclamadas.

En años anteriores esos porcentajes eran mayores, concretamente del 2,7% en 2013, el 6,6% en 2012, el 5,7% en 2011 y el 6,4% en 2010, según los datos facilitados por el Ministerio de Justicia.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció ayer que el Consejo de Ministros del viernes concederá el indulto a Hernández a pesar de que el tribunal sentenciador se opusiera a ello, así como la Fiscalía, aunque esta última rechaza que se ejecute la condena y recomienda su suspensión.

La conocida como "abuela de Fuerteventura" fue condenada el 30 de marzo de 2012 por el Juzgado de lo Penal número 2 de Puerto del Rosario a seis meses de cárcel, 720 euros de multa y el derribo de su vivienda por un delito contra la ordenación del territorio, una sentencia que después fue confirmada y declarada firme por la Audiencia de Las Palmas.