Greenpeace pinta de negro el hotel de El Algarrobico

Greenpeace ha señalado en un comunicado que varios activistas portaban pancartas donde se podían leer ' Algarrobico punto negro de la costa' y 'Demolición ¡YA!'. Igualmente, ha asegurado que ésta ha sido la acción "en la que más activistas han participado en la historia de Greenpeace en España".

"Este hotel ilegal de 21 plantas y 411 habitaciones se ha convertido en el mayor punto negro del litoral español y es un ejemplo reconocido internacionalmente de la impunidad con la que se ha actuado en la costa del país en los últimos años, donde aún se pretende hacer prevalecer la normativa urbanística sobre la ambiental", apuntan desde la ONG.

Igualmente, ha exigido tanto a la Junta de Andalucía como al Ministerio de Medio Ambiente "que no se escuden más en la maraña judicial que se ha creado en torno al hotel y que acuerden la recuperación natural de la zona y la demolición del hotel inmediatamente, ya que actualmente tienen suficientes argumentos judiciales y políticos para ello".

Excusas

Con esta acción, Greenpeace quiere "desmontar las excusas esgrimidas" por las administraciones, e insta a que la Junta, como primer movimiento, "ejecute sin excusas las sentencias del TSJA dictadas en diciembre de 2013 y que declare públicos los terrenos donde se ubica el hotel y los terrenos a su nombre".

Asimismo, ha exigido que el Ministerio de Medio Ambiente aplique la Ley de Costas y la del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad "que le capacitan para ordenar inmediatamente el desmantelamiento del hotel y la restauración de la playa". "Para reforzar esta potestad ministerial, cabe recordar que el Tribunal Supremo ratificó en julio de 2011 la Orden Ministerial que fijaba un deslinde de costas en los primeros 100 metros de playa", señala.

De igual modo, Greenpeace ha pedido que ambas administraciones ejecuten el protocolo general de colaboración para la recuperación de la playa de El Algarrobico publicado en el BOE en diciembre de 2011 "y hagan prevalecer la normativa ambiental sobre la urbanística".

Enmarañar el caso

La sentencia del pasado 21 de marzo del TSJA que, según la ONG, declara que "el terreno de El Algarrobico y el adyacente son urbanizables, no hacen más que enmarañar el caso y dar tiempo a las administraciones para no hacer cumplir la ley, lo que solo beneficia la estrategia de la empresa promotora (Azata) para dilatar eternamente el caso en los tribunales".

En este sentido, el director de Greenpeace España ha señalado desde la playa de El Algarrobico que "si se siguen permitiendo las estratagemas del Ayuntamiento de Carboneras y la promotora, el Ministerio y la Junta estarían amparando los intereses de una constructora, frente a la defensa del medio ambiente que prima la ley". "Las dos administraciones no necesitan ninguna sentencia más, existe un hotel que invade una playa y un Parque Natural protegido internacionalmente, y lo único que deben hacer es cumplir la ley", ha añadido Rodríguez.

Además, Greenpeace ha recordado que "la principal excusa esgrimida por Junta y Ministerio, el pleito sobre la licencia de obras, solo determinará si la licencia urbanística concedida a la promotora Azata del Sol por el Ayuntamiento de Carboneras fue legal y si hay que compensar económicamente a la misma, lo cual no pone en duda la ilegalidad del hotel y la obligación de demolerlo".

Del mismo modo, la responsable de la campaña de Costas de Greenpeace, Pilar Marcos, ha destacado que "es la sexta vez que activistas de Greenpeace acuden al hotel para denunciar su ilegalidad". "Desde 2003 han pasado cuatro ministros y tres presidentes de la Junta, y el hotel sigue en pie, por lo que hoy resulta más sorprendente que la Junta de Andalucía no actúe y no pida la ejecución del auto que le otorga la propiedad de los terrenos", señala.

"Para que no se olviden de su responsabilidad, queremos recordar a nuestros políticos que el Algarrobico es el mayor punto negro de la historia de la destrucción a toda costa y una vergüenza para el país", ha apuntado Marcos.

La organización ecologista ha destacado que los activistas están en un espacio público, ya que una orden ministerial de 2005 ratificada por el Tribunal Supremo "fijó la servidumbre de protección de la Ley de Costas en 100 metros por lo que el edificio se encuentra ubicado claramente en terrenos públicos". Por último, ha recordado que "el desmantelamiento y la posterior restauración del Parque Natural, según un estudio publicado generaría 379 puestos de trabajo y el 98 por ciento del material del edificio recuperado".