La verdad necesaria

La línea de defensa de Griñán se basó en tres argumentos principales: que la transferencia de financiación no determina la gestión del gasto; que la encomienda de gestión no podía realizarse en 2002 porque estaba prohibida por ley a las instituciones como el IFA que actuaban en régimen de derecho privado y que en 2007, al cambiar la ley de contratos del Estado, la Consejería de Hacienda la reguló para convertir en esta figura las demonizadas transferencias de financiación. Y por último que según la liquidación de los ejercicios presupuestarios de 2003 a 2010 incluidos en la cuenta general, fiscalizada por la Cámara de Cuentas y sometida al Parlamento, los gastos comprometidos y las obligaciones reconocidas en el programa 31L fueron en todos ellos inferiores a los créditos disponibles.

Los tecnicismos son espesos pero imprescindibles si se quiere comprender lo que se juzga, la legalidad del llamado 'procedimiento específico' por el que se concedieron las ayudas -que no subvenciones, matizó- y representan un desafío a cuantos quieran comprender qué ha pasado de verdad, sin ceder al tópico, que en estos días se vuelve a oír en un claro intento de contrapesar el 'caso Cifuentes', de que es el «mayor caso de corrupción de la historia de España».

Pero no se trata de poner el 'corruptómetro' a funcionar, en esto ha hecho bien en resistirse Juanma Moreno, sino de intentar establecer la verdad en un proceso que se ha embarullado en exceso y que está bajo la sospecha de utilitarismo político. Pero hoy, tras tantísimos escándalos, el de los ERE se antoja arqueología política. Ya no sólo no renta al PP, sino que yo misma he oído, por boca de un acreditado joven cachorro de este partido, su envidia porque el PSOE supo tejer el cordón sanitario con la corrupción, con las dimisiones de los expresidentes, mientras en sus filas se paga ya el precio de la resistencia rajoyana a aceptar ninguna responsabilidad.