Malagueños almogienses
Irse a vivir a Almogía o a otros municipios del entorno metropolitano en busca de viviendas más asequibles puede ser una opción, pero nunca debería asumirse como la solución a la crisis de la vivienda
Esta semana publicamos en SUR la información sobre una promoción de 121 viviendas en Almogía, cuya promotora defendía las posibilidades de este municipio como ... una alternativa a la capital. «El primer paso para un nuevo modelo residencial más adaptado a las demandas actuales», expresaban en declaraciones al periodista Jesús Hinojosa. Y esta noticia me hizo reflexionar sobre el éxodo de miles de familias a municipios del entorno metropolitano en busca de casas a precios más asequibles, lo que sin duda provoca un cambio en el estilo de vida tradicional y nos acerca a grandes capitales como Madrid, donde vivir en Móstoles, Alcorcón, Coslada o Las Rozas y emplear mucho tiempo para desplazarse cada día al trabajo se considera de lo más normal. Muchos malagueños están tomando decisiones vitales que, probablemente, no se habrían planteado hace sólo cinco o diez años. Es una especie de exilio metropolitano que está transformando el presente y el futuro de muchos municipios cuya población está creciendo rápidamente por la llegada de jóvenes. Pizarra es un buen ejemplo de ello, pues su población creció un 10 por ciento en pocos años (hasta algo más de 10.000 habitantes) y tiene proyectada la construcción de 1.500 viviendas.
Es un hecho que municipios como Pizarra, Almogía, Alhaurín El Grande, Álora, Coín e, incluso, Villanueva del Rosario se han incorporado a esa relación de ciudades dormitorios como Rincón de la Victoria, Alhaurín de la Torre o el propio Torremolinos, mucho más cerca de la capital.
Hasta no hace muchos años la mayoría de las personas no se planteaban salir de su ciudad e, incluso, de su barrio de toda la vida. Y si lo hacían era para escalar y mejorar en sus condiciones de vida. Muchos querían estar cerca de su casa de siempre, de su colegio e instituto, de sus amigos, en una evolución natural de su vida adulta. Pero ahora todo eso está cambiando a la fuerza por el altísimo precio de la vivienda tanto para la compra como para el alquiler.
No se trata sólo de cambiar de municipio o de barrio, se trata de trasladar la vida familiar. Y sobre todo en el momento de tener hijos, que ya probablemente no irán al colegio de sus padres. Esto no tiene por qué ser malo, pero sí transforma el estilo de vida tradicional en el tránsito de una mediana a una gran ciudad.
Es preciso tener en cuenta estos efectos y analizar el impacto que pueden tener. Esta fragmentación social y emocional genera cierto desarraigo –personas obligadas a abandonar su barrio y su red de apoyo familiar– y puede ocasionar cierta pérdida del sentido de comunidad, transformando esos barrios en espacios más impersonales.
El resultado es que muchas familias acaban viviendo donde pueden y no donde quieren
Del mismo modo, esta movilidad y los desplazamientos afectan a la vida familiar, perdiendo tiempo de calidad y complicando la conciliación por las dificultades de compaginar horarios. Además, aumentan la dependencia del vehículo privado y se genera una sensación de falso ahorro, porque frente al menor gasto en vivienda hay un mayor coste de servicios.
Por su parte, los municipios receptores de estas nuevas familias pueden sufrir tensiones por la necesidad de mayores servicios comunitarios y por la pérdida de identidad local que conlleva el tránsito a ciudad dormitorio.
Son circunstancias que no se deben generalizar pero que debieran ser atendidas por las administraciones públicas a la hora de diseñar los nuevos entornos metropolitanos. Las necesidades de las familias van por delante de la capacidad pública para mejorar la movilidad interurbana con transporte público, para ampliar la red asistencial y para facilitar la vida de las familias.
Porque de lo que estamos hablando es que muchas familias van a vivir donde puedan y no donde quieran, lo que supone un cambio importante porque la vida se adapta a las necesidades y no a los deseos. Y ello, irremediablemente, podría causar una brecha social motivada por la precariedad residencial en la que este éxodo se convierte en una estrategia de supervivencia y no en una elección vital. Habrá quienes puedan elegir y quienes no tengan elección.
Me temo que no hay muchas personas en el entorno de las administraciones públicas pensando en esto, por lo que, una vez más, irán por detrás de las necesidades de las familias, con el riesgo de aumentar la desigualdad. Veremos.
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