La gran diferencia entre pagar o cobrar de la Administración
REPASO SEMANAL ·
La Administración, en concreto, la Dirección General de Tráfico, se ha puesto en contacto conmigo esta semana. Sí, me han multado por ir a más ... velocidad de la cuenta en un viaje a Sevilla (más de un malaguita recalcitrante pensará que eso me pasa por ir allí). Nada que objetar, me han mandado la foto del coche y hasta un documento para acreditar que el aparato que me cazó es legal y está acreditado, para que no tenga la mala tentación de recurrir y perder el tiempo en tonterías, que lo que hay que hacer es pagar, que para eso te descuentan el cincuenta por ciento. Mira qué considerados son. El pronto pago de toda la vida. Y es ahí donde hay que incidir. En la notificación te dan una amplia oferta de medios de pago. Presencial en Tráfico (para eso no tienen problemas en recibirte), en una entidad bancaria, en Correos, por Internet, por una app y hasta por teléfono. Eso son facilidades. He de decir que todas funcionan perfectamente y que en apenas ¡dos minutos! ya había saldado la deuda con la Administración. Eso sí que es eficacia. España es un país realmente avanzado para cobrar las deudas a sus ciudadanos. Pasa igual con la Agencia Tributaria, donde los autónomos, por ejemplo, tienen que pagar religiosamente cada trimestre el IVA si no quieren tener problemas. Y además de ser los sujetos pasivos, tienen que ser los recaudadores, por lo que el Estado no tiene que poner funcionarios para esos menesteres con el consiguiente ahorro para sus arcas. Y además cada vez ponen más requisitos digitales, por lo que empujan a los contribuyentes a tener que contratar los servicios de un asesor si no quieren tener problemas por no cumplir a tiempo.
¿Pero qué pasa si es la Administración la que debe pagar una ayuda? En estos casos la celeridad se torna en un desesperante laberinto burocrático. Un ejemplo reciente lo tenemos con el cheque de 400 euros que el Gobierno de Pedro Sánchez decidió regalar a los chavales que cumplieran los 18 años. ¿Y qué ha pasado? Pues que sólo lo han pedido la mitad de los mismos. Así, de sopetón, resulta sorprendente que estos chicos renuncien a esa cantidad, aunque esté destinada a cosas muy particulares. El problema radica en los requisitos que tenían que cumplir. Para empezar debían conseguir el certificado digital, que para nada se logra de una manera automática. Es bastante farragoso. Para pagar la multa se ofrece hacerlo con certificado digital... o sin el mismo. Para eso no es necesario. Bastaba con poner tu nombre, tu correo electrónico, el número de cuenta y el número del procedimiento de la multa. Y punto. Dos minutos como máximo. Sin embargo, para cobrar los citados 400 euros había que tener ese certificado digital y después esperar un tiempo hasta que el Gobierno finalmente te envíe la tarjeta con la que comprar los bienes culturales. Más de un chaval desesperado ha tenido que recurrir a empresas para que les gestione esta ayuda. Lo normal es que el Gobierno hubiera mandado a cada joven que cumpliera la mayoría de edad la tarjeta, pues no cabe duda de que tiene controlada a toda la población, pero les resulta bastante más rentable venderlo públicamente como un gran gesto para después pagar la mitad de lo anunciado, porque más de uno termina aburriéndose en el camino por lograr la pasta. Y qué decir de las ayudas que siempre se prometen cada vez que hay una catástrofe natural, como pueden ser unas inundaciones o más recientemente la erupción del volcán de la isla de La Palma. Cada vez que ocurre una desgracia de este tipo, lo normal es ver a los dirigentes dándose un garbeo por la zona afectada prometiendo que se va a ayudar a las familias e incluso tras la celebración del Consejo de Ministros se asegura que ya se han destinado varios millones para tal fin. La realidad después desmiente estas promesas. Los afectados suelen tardar meses e incluso años en recibir la ayuda, aunque claro, políticamente ya no tiene prácticamente ninguna repercusión, porque estos asuntos suelen caer en el olvido de la mayoría de la sociedad, salvo lógicamente en las personas que están esperando ese dinero para poder recomponer sus vidas. Este tipo de situaciones tan dispares demuestra que los ciudadanos están en un plano de desigualdad manifiesta con las administraciones, que no pueden seguir actuando de esa manera, aunque todo lo justifiquen al final en nombre del interés general. ¿Hasta cuándo hay que seguir aguantando esto?
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