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Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil durante el registro efectuado en el Ayuntamiento de La Carolina (Jaén), en el marco de la operación 'Enredadera'. José Manuel Pedrosa (Efe)
La trama 'Enredadera' falseó datos de accidentes de tráfico para engordar su negocio

La trama 'Enredadera' falseó datos de accidentes de tráfico para engordar su negocio

Un «informante» desveló a la Policía las actividades corruptas de los dueños de Bilbomática para conseguir contratos locales en todo el país

Mateo Balín

Madrid

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Miércoles, 1 de agosto 2018, 00:03

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La trama 'Enredadera' falseó datos de seguridad vial para acceder a los contratos municipales y extender sus tentáculos en decenas de ayuntamientos de la geografía española. En el municipio catalán de Montgat, un pueblo costero del norte de Barcelona, los presuntos cerebros de la operación, los hermanos José Alberto y Jesús Carlos Bueno Regodón, propietarios de Bilbomática y en prisión provisional tras su detención, manipularon cifras de accidentes de tráfico para justificar la instalación de un proyecto para la instalación de radares y foto-rojos.

Para ello se sirvieron de los siniestros viales ocurridos en la carretera C-32 y no en la Nacional II, que es la que realmente atraviesa el municipio y cuya escasez de accidentes no justificaba esta instalación. Este concierto para la modificación de los datos fue consensuado y aprobado por el alcalde de Montgat, el entonces concejal de seguridad ciudadana, Tomás Cabreja, y los citados hermanos Bueno Regodón, según declaró en sede judicial en 2016 un informante de la Policía Nacional.

Una de las condiciones del contrato era que la empresa adjudicataria tendría que elaborar un estudio de siniestralidad en un corto periodo de tiempo, hecho que motivó que no se presentaran al concurso ninguna empresa más, puesto que era también agosto. En el caso de Bilbomática, compañía con sede social en el edificio Miribilla de Bilbao, «jugaba con ventaja» dado que ya había realizado este estudio con anterioridad y al disponer de información privilegiada sabía que sería uno de los requisitos exigidos.

Francesc García «jamás» conoció la trama

El exalcalde de Montgat, Francesc García, se ha puesto en contacto con este periódico para señalar que «jamás» tuvo conocimiento de esta trama ni «concertó nada» con la empresa Bilbomática. Es más, asegura que ese contrató aprobado en agosto no fue firmado por él, ya que estaba de vacaciones entonces, y que ni la Policía ni la Fiscalía le han citado para declarar por estos hechos como primer edil de la localidad por aquel entonces.

Del ámbar al rojo

Una vez instalados los foto-rojos, los tiempos para que este cambiase de ámbar a rojo eran muy pequeños, por lo que hubo un aluvión de sanciones y los ciudadanos empezaron a mostrar su descontento, al igual que hizo el jefe de la Policía Local José Sarabia. Esto motivó que José Alberto Bueno Regodón aconsejara al concejal Cabreja que despidiera al responsable policial. Éste sería relegado y en su lugar colocaron a un cabo de confianza del edil.

Los más preocupante es que el programa informático para gestión de multas que ofertaba la filial de Bilbomática, 'Aplicaciones Gespol SL', pasaban un primer filtro por manos de la empresa y no por funcionarios de Policía Local. Con lo cual se anulaban muchas denuncias con la excusa de que las fotos venían veladas o se beneficiaba a familiares de miembros del ayuntamientos por un supuesto «error de forma».

Bilbomática, que en 2016 acabó en manos de Valoriza (Grupo Sacyr), vendió a la Generalitat de Cataluña un software en cuyo precio ya se incluía la formación a los agentes locales, que hizo extender su campo de actuación a otros municipios catalanes y de ahí a ayuntamientos de otras comunidades como Castilla y León, Madrid, País Vasco, Galicia, Asturias, Aragón o Extremadura.

Los investigadores de la UDEF ya vieron en el ejemplo del municipio de Montgat, epicentro de la 'operación Enredadera', un escenario de «corrupción institucionalizada con vocación de permanencia en el tiempo». Más si cabe porque la empresa Bilbomática, al calor de un presunto fraude de subvenciones, había crecido mucho en poco tiempo. El «punto de inflexión» fue cuando lograron la licencia para el uso y certificado de cinemómetros (radares) en 2012.

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