El Supremo fija la vista contra Torra el 17 de septiembre

Torra fue condenado por el TSJC por negarse a retirar a tiempo las pancartas con los lazos amarillos del Palau de la Generalitat en periodo electoral. La sentencia no es firme, porque fue recurrida al Supremo, de ahí que el presidente de la Generalitat pueda seguir en el cargo. Pero si es condenado por el Alto Tribunal, el dirigente nacionalista deberá cesar del cargo. Estaría inhabilitado por un año y medio para ejercer el cargo de presidente de la Generalitat. Aunque aún le quedaría una última opción, que es presentar un recurso de amparo ante el Constitucional. El líder de JxCat reconoció en el juicio en el TSJC que desobedeció a la Junta Electoral, pero que lo hizo para defender la libertad de expresión.

Torra cumplió recientemente dos años desde que fue investido presidente de la Generalitat. Admitió que su gobierno no tiene recorrido, pero se niega a convocar elecciones. ERC lleva semanas instado al presidente de la Generalitat a que se adelante al Supremo y convoque lecciones antes de su inhabilitación. Tanto Torra como la consejera de Presidencia, Meritxell Budó, han insistido en que ahora no es el momento de pensar en elecciones y solo firmará el decreto de convocatoria cuando la crisis esté encarrilada.

Ante una posible inhabilitación de Torra se abren tres escenarios. El primero es que el presidente de la Generalitat convoque elecciones antes de que decida el Supremo. La vista ya tiene fecha por lo que los estrategas del Govern ya pueden fijar un calendario aproximado de cuándo sería inhabilitado el presidente. Torra anunció el pasado mes de enero que comunicaría la fecha de las elecciones en cuanto la Cámara catalana aprobara los Presupuestos. Luego, con el estallido de la pandemia, dijo que ya no era el momento. La segunda posibilidad es que JxCat y ERC intenten investir a un nuevo presidente en cuanto Torra cese del cargo. Esta opción la ha puesto Budó sobre la mesa estos días pero a Esquerra no le convence. Además, necesitarían ponerse de acuerdo con la CUP o los Comunes para sacar adelante la votación de investidura. JxCat quiere forzar algún tipo de votación en el Parlament para obligar a sus socios a definirse. Podrían buscar algún tipo de votación para desobedecer la eventual sentencia del Supremo o para presentar a su candidato. Torra llegó a plantear en un consejo de gobierno que podría resistirse en el Palau de la Generalitat a acatar la sentencia, pero ninguno de los consejeros le secundó en la idea.

Si JxCat no adelanta los comicios antes de que se produzca la sentencia, y los independentistas no pactan un sustituto, el vicepresidente Pere Aragonès cogería las riendas de forma interina con el único cometido de pilotar un periodo muy corto de unos cuatro meses hasta la convocatoria automática de elecciones. Este es el escenario que en principio los postconvergentes tratarán de evitar.