Retos y farsas de la reforma constitucional

Hasta el PP que había hecho de la intangibilidad del texto constitucional una bandera táctica para afrontar la crisis territorial acaba de poner en escena un repentino –y sospechoso– cambio de postura, aceptando un "supuesto" peaje reformista-constitucional al PSOE con tal de sumar su apoyo incondicional a una grosera intervención política en Cataluña interpretando el Art 155 de la Constitución como la toma del gobierno, los medios de comunicación, las fuerzas de seguridad, la facultad de disolver las cortes catalanas… a su antojo e interés electoral.

A cambio, el PP se ha comprometido a poner en marcha una Comisión no permanente para la evaluación y la modernización del Estado Autonómico que solicitó el PSOE y que nace muerta ante el definitivo estallido del Título VIII de la Constitución en Catalunya.

En su escrito de solicitud, de septiembre de 2017, el PSOE aún reivindicaba la necesidad de dialogar sobre lo que a su entender “corregiría los defectos de la organización y el funcionamiento del Estado Autonómico”, esto es, un nuevo modelo territorial federal.

Ahora, PP y PSOE, unidos en la idea de recuperar el viejo bipartidismo intentan trasladar a la sociedad su imagen de una España indivisible y amenazada, coinciden en la urgencia de reformar la Constitución.

Sí, el mismo PP del 155 político, el mismo de la legalidad a cualquier coste, el que ha convertido al Tribunal Constitucional en un juzgado de guardia elegido por ellos y sin derecho a recurso, nos dice que nuestro "problema territorial" –no el de los partidos que se aprestan a hacerse con el poder en Catalunya, sino el nuestro, el de las españolas y los españoles–, sólo se puede resolver reformando la Constitución en una apuesta táctica y cortoplacista que parte –otra vez- de la macabra premisa –fundamental para el bipartidismo- de que la Constitución y sus reformas son temas que a la gente común, a la que la crisis de los recortes demostró que en Ella no existía garantía para los derechos más elementales, les importa un pimiento.

Se equivocan. Esa indiferencia política, esa supuesta pereza participativa o insuperable inmadurez democrática que el PP y el PSOE dan por descontadas en los y las españolas, sólo es producto de su autismo representativo. La realidad es otra y el 15M lo demostró de sobra: la gente común y corriente es totalmente capaz de adueñarse de lo que les ha sido secuestrado a golpe de cinismo, y la Constitución española no será la excepción.

La Constitución que nos ha secuestrado el bipartidismo no es precisamente el paradigma de la democracia participativa (y justo por eso la sentimos lejana e incompresible), pero lo cierto es que los únicos dos mecanismos que prevé para su reforma (arts. 167 y 168), incluyen la posibilidad uno, y la obligación otro, de que todos los españoles participen en su aprobación mediante referéndums, ambos además de obligatorio cumplimiento para sus convocantes una vez celebrados.

Siendo así, y ante la improbable reforma –en realidad el anuncio suena a cuento chino, a cortina de humo del PSOE para salvar el día- es inevitable plantearse dos cuestiones. Primera, ¿por qué en los casi 40 años de vigencia de la Constitución nunca nos han llamado a referéndum para reformarla pudiendo hacerlo? y la segunda y tal vez la más importante de cara al futuro, ya que la Constitución lo prevé y dada la envergadura de nuestra crisis, ¿nos llamarían el PP y PSOE a referéndum si es que la reforma efectivamente se produjera?

Resulta necesario explicar los dos procedimientos que la Constitución prevé para su reforma y así entender por qué debe preocuparnos -y mucho- la supuesta reforma a la que se refieren.

El primero -artículo 168- impone un procedimiento tremendamente restrictivo para reformar el núcleo duro del Régimen: el modelo territorial del Estado, la Corona, y también –aunque ya vemos que se escapan por las rendijas del 155- los derechos fundamentales de la ciudadanía. Cualquier reforma que “afectara” a cualquiera de esos aspectos la activación de este artículo lo que implica algo que ni PP ni PSOE estarán dispuestos a asumir: democracia, mucha democracia, gente hasta que desean adormilada actuando de repente por su propia cuenta, votando, eligiendo, decidiendo. La activación del 168 implica nada menos que la disolución del Congreso y del Senado –donde el PP tiene mayoría absoluta–, nuevas elecciones para elegir democráticamente unas nuevas Cortes encargadas de aprobar la nueva redacción constitucional, y después llamar, obligatoriamente, a un referéndum para que la gente, esa a la que representan, se pronuncie sobre su reforma, siendo obligatorio para ellos acatar el resultado.

La experiencia de las anteriores reformas nos ha demostrado que estos excesos democráticos resultan difícilmente insoportable para dos partidos acostumbrados al silencio de sus representados.

Desde luego que quienes hicieron la Constitución en el 78 no pensaron tampoco en democratizar la reforma constitucional, sino más bien, ante la amenaza de la misma, evitarla. Recuérdese que el PSOE en esa época al menos parecía un partido de izquierdas.

¿De verdad alguien se cree que el PSOE de ahora, si alguna vez concluyera su supuesto trabajo en la Comisión, aceptaría aplicar el Art. 168 tras haberse unido al bloque monárquico en la aplicación de la excepcionalidad en Catalunya? Sin embargo no es posible reformar el modelo territorial de España, que se supone que es para lo que se creado esa Comisión, sin entrar en ese proceso democrático.

O sí. ¿Cómo? En principio sería tan inconstitucional como la Ley de Referéndum catalana pero si lo intentaran seguramente encontrará en el Tribunal Constitucional nuevamente un buen aliado, tal y como ya ocurrió con la reforma del artículo 135.

Recordemos. En el verano de 2011 en uno de los sucesos más vergonzantes que el PP y el PSOE han protagonizado, ellos solos, en lectura única ni enmiendas, acordaron a toda prisa reformar el artículo 135 de la Constitución afectando de forma infame los derechos fundamentales de todos y todas las españolas, habilitando el desmantelamiento, a punta de reforma constitucional encubierta, del Estado de Bienestar. En esto el PP y PSOE también lograron ponerse rápidamente de acuerdo: en otorgar prioridad absoluta al pago de los intereses y el capital de la deuda pública, en poner la Constitución a favor de los bancos y el rescate de sus banqueros amigos por encima de los más altos valores constitucionales consagrados en su Título Preliminar: el Estado como un Estado Social (artículo 1 CE)

Y claro, el procedimiento utilizado no fue por el artículo 168, sino el artículo 167. Un segundo procedimiento pensado para reformas menores de la Constitución. Un mecanismo que no exige a los partidos políticos más participación democrática que la de sus mayorías representativas que, una vez pactadas entre ambos partidos, excluyen la participación de la ciudadanía: ni elecciones, ni referéndum vinculante salvo que así lo exijan la décima parte de los miembros del Congreso o del Senado.

¿Habrían tenido que activar el Art. 168 para reformar el artículo 135? Sin duda. Y aunque se presentó un recurso de amparo frente un Tribunal Constitucional -ya entonces preso de sus mentores partidistas- éste decidió, simplemente, ni admitirlo a trámite. No entrar siquiera a discutir el hecho de que la modificación del Art. 135 afecta los derechos fundamentales de las personas o a la configuración del Estado como social y democrático denota una ausencia de sentido constitucional y, si se nos permite, de vergüenza profesional.

Por eso, ahora que la Constitución es más que nunca un rehén en manos de los que se han autoproclamado defensores de la patria una, grande y libre, cómo no temer que esta alianza para esconder la creación de nuevo régimen basado en una Gran Coalición Monárquica suponga una involución constitucional en la que la ciudadanía simplemente aplauda. Porque, ahora sí, nadie duda de que el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos – En Comú Podem – En Marea dará voz a la gente en un referéndum –recordemos- que sería vinculante.

Dicen que cuando le ponemos nombre a las cosas nos apropiamos de ellas, y ha llegado el momento de ponérselos. Esta Comisión es un engaño, la farsa de un día, un titular, una trampa. No muy diferente a la propuesta de federalismo del PSOE o a la reforma del Senado en sus programas electorales.

Y es esto –otra vez el pacto de despachos, la mentira mediática, el cortoplacismo tacticista, la ausencia de voluntad democrática- lo que nos muestra hasta qué punto el drama de Catalunya es el drama de España.

El salto cuantitativo y cualitativo que ha supuesto la incorporación al proceso independentista de cientos de miles de personas, ajenas social y culturalmente al nacionalismo catalán, muestra hasta qué punto la necesidad de independizarse tiene tanto que ver con una bandera histórica –tan respetable como las demás- como con la reivindicación rupturista de una democracia participativa, transparente y de calidad donde los derechos fundamentales estén realmente protegidos constitucionalmente.

Y sí. Es más que dudoso que muchos de los que han cabalgado este proceso en Catalunya tuvieran objetivos muy diferentes a los que animan a PP y PSOE a envolver su pacto en la bandera: los de esconder su corrupción, sus problemas internos, sus trapicheos politiqueros… y perpetuarse en el poder como salvadores de su propia patria.

Pero si estos dos partidos –que dicen representar a la España auténtica-, los que tantas veces en estos cuarenta años han despreciado el espíritu y la letra de la legalidad constitucional –y penal- que dicen defender, querían demostrar a esa ciudadanía catalana –y española- lo que entienden por calidad democrática lamentablemente lo están consiguiendo.

No sé cómo este grosero uso partidista de unas Instituciones que debieran ser de todas y todos los españoles- desde la corona hasta los cuerpos de seguridad pasando por la fiscalía y el Tribunal Constitucional-, convertidos todos en predecibles portavoces del Partido Popular, puede animar a nadie a sentirse español y mucho español.

Hay soluciones. Pero es cada vez más evidente que ninguna de ellas va a venir de desenfundar las porras, de quitar gobiernos, de tutelar parlamentos o de censurar televisiones, sino más bien por poner en marcha ya, entre todos los actores de una sociedad española avanzada, crítica, plural, tolerante y maravillosamente compleja, un verdadero proceso constituyente, un proceso de evaluación sincera y de construcción colectiva que devuelva la Constitución a la realidad social de este país, y que permita colocar en la calle lo que nunca debió salir de ella.