Sánchez confía en que PDeCAt y ERC dejen al menos tramitar los Presupuestos

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, y su vicepresidente, Pere Aragonés (izquierda), durante la reunión semanal del gobierno catalán/EP
El presidente de la Generalitat, Quim Torra, y su vicepresidente, Pere Aragonés (izquierda), durante la reunión semanal del gobierno catalán / EP

Espera que no presenten enmiendas de devolución aunque no comprometan la aprobación final de las cuentas para ganar tiempo a la legislatura

PAULA DE LAS HERAS MadridCRISTIAN REINO Barcelona

El Gobierno no se atreve a dar por seguro lo que ocurrirá con su proyecto de Presupuestos. «Os enteraréis en el último momento ¡y nosotros también!», admitía este jueves la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en una conversación informal durante el acto que se organizó en el Congreso para celebrar el 40 aniversario de la Constitución. Las fuerzas independentistas no dieron el miércoles ninguna muestra de estar dispuestas a reconsiderar su posición. Sin embargo, en Moncloa aún confían en que, aunque no garanticen su aprobación final, permitan al menos su tramitación.

Antes de que la Cámara baja empiece a discutir sobre las partidas incluidas en la que es, sin ninguna duda, principal iniciativa legislativa del Gobierno, la que determina la orientación de sus políticas, el pleno tiene que celebrar un debate en el que se decide si le cierra por completo la puerta o si se abre a su negociación. Ese es el primer filtro: el debate de totalidad. La clave para el Ejecutivo está en que ni ERC ni el PDeCAT presenten ese día enmienda de devolución al proyecto y que, por supuesto, no apoyen las que, sí o sí, tienen previsto plantear tanto el PP como Ciudadanos. De ese modo, Sánchez ganaría tiempo, al menos un mes, y oxígeno político. Por lo pronto, se podría sacar de la ecuación la posibilidad de un adelanto electoral a marzo.

El Gobierno da por sentado que, por afinidad ideológica, Esquerra no enmendará a la totalidad un texto que se basa en el acuerdo suscrito entre Sánchez y Pablo Iglesias en la Moncloa, que tiene marcado acento progresista e incluye medidas como la recuperación del subsidio para parados de más de 52 años, la subida del IRPF a rentas superiores a los 130.000 euros, el incremento de un 40% en la inversión para dependencia o el avance hacia la igualdad en las bajas de maternidad y paternidad. En el caso del PDeCAT admiten alguna duda. «No nos han dicho nada», reconocen.

Los secesionistas se quejan de que la ministra no se ha sentado aún a hablar con ellos. Montero replica: «Cuando quieran hablar de números y no de cuestiones que no tienen nada que ver, hablaremos». Hasta ahora, ERC y el PDeCAT vinculan su postura a que se hable de la autodeterminación de Cataluña o de la libertad de los impulsores del 'procés' en prisión preventiva y ni siquiera se han mostrado dispuestos, según fuentes del ministerio de Hacienda, a abrir un cauce discreto de negociación sobre cifras. Pero Sánchez aún conserva cierta esperanza.

Estrategia propia

Los dos elementos con los que trata de presionar el Gobierno son la necesidad de recursos de la Generalitat, que hace una semana vio cómo el sector sanitario, el educativo y los bomberos salían a la calle para exigir que se reviertan los recortes, y la irrupción de Vox en Andalucía, como augurio de lo que podría ocurrir en España en caso de elecciones. Sánchez admitió este jueves que no cree que la emergencia del partido de Santiago Abascal influya en los independentistas porque «tienen su estrategia propia». El vicepresidente catalán, Pere Aragonès, ya advirtió el miércoles de que no ellos no funcionan con «chantajes». Pero no todos el partido lo ven así.

No deja de haber cierta paradoja en el hecho de que los socialistas admitan –unos más que otros– que el debate de Cataluña ha tenido algo que ver en el resultado de las elecciones andaluzas y, sin embargo, persigan un nuevo entendimiento con las fuerzas secesionistas. En la dirección del PSOE alegan que no se ha cedido ni cederá nada que tenga que ver con la soberanía nacional y se muestran convencidos de que el desarrollo de una agenda social pesará más, en este caso, para los ciudadanos y para su electorado que ninguna otra cosa.

El nuevo SMI, antes de enero y mediante decreto ley

Con Presupuestos o sin ellos, Pedro Sánchez no renuncia a alumbrar una de las medidas más populares del pacto que suscribió con Pablo Iglesias el pasado octubre, la subida del Salario Mínimo Interprofesional hasta los 900 euros (desde los 735,90 euros actual). El jefe del Ejecutivo confirmó que su intención es aprobar este mismo mes un real decreto ley para que el incremento pueda entrar en vigor el 1 de enero de 2019. El presidente del Gobierno ya había avanzado en noviembre que su intención era que tanto el SMI como dos nuevos impuestos contenidos en su proyecto presupuestario, el de transacciones financieras y la conocida como 'tasa Google', vieran la luz antes de que acabara el año en caso de tener queprorrogar las cuentas del PP, algo impepinable dado que el no presentó sus propias cuentas en el plazo establecido por la Constitución, antes del 1 de octubre, para que diera tiempo a que estuvieran aprobadas en diciembre. No ocurrirá lo mismo con la actualización de las pensiones conforme al IPC, que podrá aprobarse más adelante.

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