Llop responde a Casado que el Gobierno no puede actuar contra Puigdemont

En declaraciones a los medios antes de asistir a la entrega de los Premios Puñetas de ACIJUR, la titular de Justicia ha dejado claro que «en este caso», el Ejecutivo no «tiene ningún tipo de actuación» prevista. «Estamos ante procedimientos judiciales. El Gobierno respeta los tiempos y el curso del procedimiento», ha incidido.

Todo ello después de que el presidente de los 'populares' acusase este lunes al Gobierno de Pedro Sánchez de estar «cruzado de brazos» al tiempo que achacó a esa actitud el hecho de que la Justicia italiana suspendiera la extradición de Puigdemont a la espera de que resuelva el Tribunal de la Unión Europea.

«Al parecer la Justicia italiana ha entendido que el planteamiento de la cuestión prejudicial supone la paralización y suspensión del procedimiento principal y de las medidas cautelares y no tenemos nada más que esperar a ver qué resuelve el tribunal general. Una vez se resuelva tendremos conocimiento de cuál es la decisión definitiva», ha explicado Llop.

En esta línea, la ministra ha repetido que el Ejecutivo respeta las resoluciones judiciales, entre ellas las del juez del Tribunal Supremo (TS) Pablo Llarena, el instructor de la causa especial del 'procés'.

Este mismo lunes, el Tribunal de Apelación de Sassari (Italia) decidió suspender la orden de detención y entrega al expresidente de la Generalitat sine die, a la espera de que el Tribunal de la Unión Europea se pronuncie sobre su inmunidad y la pregunta prejudicial realizada por Llarena.

En este contexto, y preguntada por las voces que aseguran que el mensaje del Gobierno dificulta la entrega de Puigdemont, Llop ha aseverado que la Abogacía del Estado actúa velando por «los intereses» del país.

Todo ello después de que la Abogacía informara al Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) de que la Orden de Detención y Entrega (ODE) contra Puigdemont estaba suspendida. Esta actuación por parte de la Abogacía recibió un reproche por parte de Llarena, que aseguraba que la euroorden contra el expresidente está vigente y que no ha sido suspendida por el planteamiento de la cuestión prejudicial.

«Lo que ha manifestado es la realización de una serie de alegaciones, nunca ha informado, ha alegado en el sentido de la doctrina del tribunal general, que cuando hay una cuestión prejudicial se paraliza el procedimiento. Lógicamente la Abogacía defiende los intereses del Estado», ha zanjado Llop.