La ley mordaza cumple siete años con Sánchez y sus socios enmarañados en su derogación

En las hemerotecas queda la promesa solemne en 2018 de Pedro Sánchez en la moción de censura de fulminar de forma inmediata esta ley orgánica aprobada con la mayoría absoluta de Mariano Rajoy y que fue recurrida incluso por los socialistas ante el Tribunal Constitucional antes de que entrara en vigor.

La polémica normativa sigue sobreviviendo gracias al oxígeno que le insuflan el Gobierno y sus socios, enfrascados desde enero de 2020 en discusiones interminables sobre borradores en ponencia, sin siquiera haber tratado la cuestión en comisión.

No hay avances sustanciales en las cuestiones de enjundia, confiesan con pudor algunos de los miembros de la ponencia. Hay solo esbozos sobre algunos de los nuevos artículos, los que desde el principio no generaron polémica entre las fuerzas pro-reforma. En los cambios de calado, sin embargo, las discusiones apenas han avanzado a pesar de que los trabajos para explorar la reforma, en realidad, empezaron hace cuatro años y medio, todavía con el PP en el poder, con sendos textos alternativos presentados por el PNV y el PSOE.

Tras dos elecciones generales y una legislatura fallida, ahora el punto de partida es el texto de enmiendas que socialistas y Unidas Podemos presentaron en noviembre del pasado año. Pero desde entonces, los avances son mínimos y eso que se suceden intermitentemente las «reuniones preparatorias» de los seis grupos favorables a la reforma –PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV, EH Bildu y Junts– para intentar presentar un articulado al resto de los partidos.

El Gobierno y sus socios siguen aplazando los artículos más polémicos una y otra vez para el final de la negociación. En esa carpeta de cuestiones espinosas hay ya media docena de artículos claves, en los que no se vislumbra acuerdo. Incluso, en algunas ocasiones no hay siquiera consenso entre los dos partidos del Ejecutivo, a pesar de que el texto sobre el que se discute es el pactado por ellos mismos.

Así las cosas, no hay acuerdo suficiente sobre una nueva definición de qué debe ser desobediencia a la policía. La mayoría de los pro-reforma apuestan por castigarla solo si hay «oposición corporal o fuerza física». Sin embargo, ERC, cuyos 13 diputados son imprescindibles para lograr los 176 votos que necesita la reforma de esta ley orgánica, directamente quiere suprimir este artículo 36.6, que sirvió en pandemia para sancionar a más de un millón de personas.

El uso de las pelotas de gomas es otro de los puntos aparcados por el desacuerdo. ERC y Bildu son firmes defensores de prohibirlas mientras que los socialistas se inclinan por apostar por los medios menos lesivos posibles aunque sin vetar las bolas de caucho.

Tampoco hay entendimiento entre los partidos del Ejecutivo y sus socios en las multas por faltas de respeto a los policías. Los socialistas no querían tocar la redacción actual, pero han accedido a incluir que solo se sancionaría por actos y expresiones humillantes y ofensivas contra los uniformados. Pero el debate sobre qué es «humillante» y qué es «ofensivos» se ha convertido en bizantino, admite responsables parlamentarios.

Otro punto de fricción son las 'expulsiones en caliente', que el PP introdujo con calzador en la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana para dar un barniz jurídico a esta práctica. Los socialistas, después de que el Constitucional bendijera estas deportaciones exprés, quieren sacarlas para introducirlas en la ley de extranjería, mientras que sus socios pretenden que desaparezcan de cualquier texto normativo.

El PSOE no ve con buenos ojos la supresión de la presunción de veracidad de las declaraciones de los agentes que piden sus aliados de investidura y que ha soliviantado a los policías, que el pasado otoño se movilizaron por miles en contra de la ley de mordaza, entre otro asuntos, por esta modificación.

Otro de los campos de batalla en los que se discute sin acuerdo es la exigencia de los socios de que se endurezcan las condiciones en las que los agentes puedan realizar identificaciones policiales en la vía pública. Insisten en que la reforma debe exigir que los funcionarios deban probar antes de pedir el DNI que haya «constancia» de un delito o, al menos, «claros indicios» de la comisión de ese ilícito. Las enmiendas que se discuten quieren poner coto a las «identificaciones arbitrarias», particularmente por motivos raciales.

A enrarecer aún más el ambiente se sumó la pasada primavera un texto de ERC con once líneas rojas que les impedirían votar a favor de la reforma. Un órdago que irritó al resto de formaciones de Gobierno y aliadas, que culpan a Esquerra de abocar las negociaciones a un callejón sin salida por sus exigencias de 'máximos'.