Junts no afloja y presiona para la amnistía antes de la investidura

Tanto el Gobierno como ERC han ido enfriando a lo largo de la semana la posibilidad de aprobar el texto antes de la investidura del candidato socialista, dado el corto margen de tiempo disponible. Sumar ha asumido también la estrechez del calendario y pide «no obsesionarse» con los plazos.   

A partir de la investidura fallida de Alberto Núñez Feijóo, los socialistas, la coalición de Yolanda Díaz y los independentistas tendrían dos meses para tramitar y aprobar esa eventual ley de amnistía tal y como reclama Puigdemont para prestar sus siete diputados. ERC dijo el miércoles que se conformaría con un documento por escrito de que la polémica norma se va a aprobar, un compromiso «calendarizado». Este jueves, y no obstante, los republicanos matizaron su posición y señalaron que les bastaría con que se empiece a tramitar antes de la investidura, no tanto que se valide, teniendo en cuenta que el PP tiene mayoría absoluta en el Senado y tratará de ralentizar todo lo que pueda la aprobación.   

La rectificación de Esquerra es muy significativa de este tiempo de incertidumbre. Esquerra y Junts se marcan en corto en todo, también en la negociación para la investidura. En cuanto en ERC vieron el miércoles que estaban quedando como unos blandos respecto a sus exsocios junteros, pisaron el freno. Los postconvergentes aprovechan cada oportunidad para insistir en que Esquerra no sabe negociar y se deja engañar por los socialistas.

Junts sigue en la posición de máximos que ya expresó el martes 5 de septiembre Carles Puigdemont en Bruselas. En Junts aseguran que la ley debería empezar su recorrido parlamentario para el 12 de octubre. De lo contrario, no habrá nada que hacer. Puigdemont, en su conferencia, fijó una norma sobre la amnistía como condición para empezar a negociar la investidura. Y a Junts no le basta la propuesta de ERC de que el PSOE ponga por escrito un compromiso con un calendario. «Llevan cuatro años firmando papeles y ya vemos que no cumplen», afirma un miembro de la dirección postconvergente.

Los de Puigdemont temen que Sánchez no culmine su compromiso y recelan también de operaciones que pudieran producirse. Por ejemplo, creen que si dejan la ley para después de la investidura, podría repetirse un 'tamayazo' de diputados socialistas, tras el paso del texto por el Senado y su votación definitiva en el Congreso. Diputados socialistas que, sospechan, podrían negarse a votar a favor.

Son especulaciones que denotan tensión y la desconfianza que se tienen unos y otros. En el secesionismo no se fían de los socialistas. «Engañan siempre», dicen sin ambages. Pero en el otro lado, tampoco las tienen consigo, pues los independentistas se muestran reacios a exhibir un mínimo de arrepentimiento y no renuncian a la vía unilateral: amenazan, de hecho, con repetir los delitos por los que serían amnistiados.

La primera prueba de fuego es la reunión del consejo de asuntos generales de la UE del 19 de septiembre, en el que los independentistas aspiran a que el catalán se convierta en lengua oficial de la UE. Ya hay países que han mostrado sus recelos, como Suecia, pero los secesionistas insisten en que la responsabilidad de lograr la unanimidad necesaria es de Sánchez.

Las resoluciones judiciales sirvieron este jueves a unos y otros para reafirmarse en sus posiciones. El Gobierno, a partir de la decisión del Supremo, defendió su apuesta por los indultos para allanar el terreno a la amnistía, mientras que Junts se escudó en la sentencia contra Miquel Buch para insistir en la necesidad de cobrar por adelantado a los socialistas. «Si no han entendido por qué razón no renunciaremos nunca a la unilateralidad y a la independencia, y por qué desconfiamos del Estado español, aquí tienen una de las muchas que tenemos acumuladas», afirmó Puigdemont, tras hacerse pública la condena al exconsejero de Interior de cuatro años y medio de prisión por prevaricación y malversación. Buch contrató a un mosso como asesor de la consejería para que hiciera de escolta de Puigdemont. «España está podrida», remató el expresidente de la Generalitat.