El juez procesa a los tres encarcelados por integrar la célula que atentó en Cataluña

El magistrado procesa a Mohamed Houli Chmelal y Driss Oukabir por integración en organización terrorista, delito de fabricación, tenencia y depósito de explosivos y delito de estragos en grado de tentativa. Respecto a Said Ben Iazza, el juez le procesa unicamente por colaboración con organización terrorista.

El magistrado considera que los tres formaban parte de un grupo radicalizado cuyo objetivo era «llevar a cabo atentados contra los considerados sus enemigos, es decir, el mundo occidental».

En su auto el juez explica que los tres procesados, junto con los otros siete presuntos terroristas que resultaron muertos en las localidades de Cambrils, Alcanar y Subirats, constituyeron un grupo terrorista a partir del año 2015. Eran jóvenes de origen marroquí, residentes en la localidad gerundense de Ripoll y bajo la dirección espiritual del imán Abdelbaki Es Satty se conjuraron, según relata el juez, «para realizar uno o varios atentados de grandes dimensiones, mediante el uso de artefactos explosivos, a fin de coadyuvar a la estrategia terrorista de la organización terrorista DAESH».

Se conocían desde niños y poco a poco fueron conformando un grupo estructurado en el que el imán, también fallecido en las explosiones de Alcanar, les adoctrinaría en el yihadismo radical.

El auto describe toda la evolución llevada a cabo por el grupo desde 2015 hasta 2017, cuando unos tres meses antes de la explosión en el inmueble de Alcanar y de los atentados de Barcelona y Cambrils, se convirtieron en un grupo cerrado, que ya comenzó adquirir material y a fabricar explosivos «al cual prácticamente ya nadie más tuvo acceso, y les alejó de las personas (incluso de los familiares) que les rodeaban ante esta nueva etapa que iniciaban. La vida de cada uno de ellos pasó a desarrollarse exclusivamente junto a la de sus compañeros de grupo, compartiendo vivienda, comidas, viajes y por ende, participando en la fabricación de los explosivos o bien colaborando en la planificación de los atentados» .

Dentro de esa progresiva radicalización, el juez relata que ya en 2016, un día indeterminado del Ramadán, dos de los terroristas fallecidos dijeron a los demás miembros del grupo que querían derrumbar con explosivos la Sagrada Familia de Barcelona. Todos los presentes, según detalla el auto »aceptarían dicha propuesta, impulsada por el extremismo religioso implantado por el imam Abdelbaki Es Satty».

Al referirse a uno de los procesados, Mohamed Houli Chemlal, único superviviente en la explosión de la casa de Alcanar, el magistrado recuerda el vídeo que apareció entre los escombros de la vivienda, grabado por él mismo y en el que aparecían varios miembros de la célula fabricando los explosivos y anunciando un próximo atentado, así como numerosas fotografías «en lugares susceptibles de ser objetivos de atentados (Port Aventura, Salou) Plaza Cataluña (Barcelona), la Torre Eiffel (París), Toulose (Francia) Torre Agbar (Barcelona), estadios de fútbol Santiago Bernabeu (Madrid) y Camp Nou (Barcelona) o el Museo Thyssen (Madrid)».

El auto también incluye las búsquedas muy repetidas en internet de diversas localizaciones geográficas. Así, relaciona las fechas de las búsquedas de explosivos que realizaron los miembros del grupo terrorista con búsquedas de localizaciones geográficas y atentados yihadistas contemporáneos.

El juez destaca las 125 búsquedas realizadas sobre la Audiencia Nacional, las 106 búsquedas sobre la fiesta que se celebra en la localidad de Buñol y que se conoce como «la tomatina», 219 sobre el Embalse de Riudecanyes y 104 búsquedas sobre la Alhambra de Granada.

El juez hace constar la magnitud de los explosivos que se almacenaban en la casa de Alcanar, que podría oscilar, según el magistrado, en unos valores aproximados de 200 a 500 kilogramos, además de 19 artefactos improvisados tipo granada de mano y una faja bomba.

El juez añade las 104 bombonas de butano y propano encontradas en la vivienda, con las que los terroristas pretendían «amplificar el efecto del explosivo, pretendiendo incrementar el volumen de metralla como la posibilidad de crear bolas de fuego generadas por las cargas GLP».

El magistrado se basa en los informes de los especialistas en explosivos para concluir que «tal cantidad de material para la confección de explosivos y de tal potencia destructiva, de llegar a ser utilizado para atentar en lugares o monumentos con gran afluencia de público, como sería el objetivo de la célula terrorista investigada, hubiera provocado unos daños de enormes dimensiones».

Los teléfonos móviles utilizados por los tres procesados han sido determinantes para vincularles a los terroristas fallecidos y a los lugares investigados. Así, en el caso del procesado por colaborar con el grupo, Said Ben Iazza, el juez recuerda que los teléfonos le sitúan en la vivienda de Alcanar y por un tiempo suficiente como para no ser ajeno a la actividad de los miembros de la célula que estaban fabricando una gran cantidad de material explosivo, con precursores adquiridos usando su identidad y transportados en el vehículo prestado por Ben Iazza.

El delito de integración en organización terrorista prevé una pena entre 6 y 14 años de prisión. El de fabricación y tenencia de explosivos entre 8 y 15 años y el de estragos, en grado de tentativa, de 10 a 15 años. El delito de colaboración con organización terrorista está sancionado con penas que oscilan de los 5 a los 10 años de prisión.