Íñigo de la Serna, ex ministro de Fomento, solicita la indemnización de 4.773 euros al mes

Íñigo de la Serna/EFE
Íñigo de la Serna / EFE

Podrá cobrar el 80% del sueldo durante un plazo máximo de dos años. José María Lassalle y otros tres ex altos cargos también han pedido el 'paro político'

ENRIQUE MUNÁRRIZSantander

Íñigo de la Serna, ministro de Fomento en el gabinete de Mariano Rajoy, es uno de los ex altos cargos del último Gobierno del PP que ha solicitado la indemnización económica que la ley prevé tras dejar el cargo, según explica Diario Montañés. El Portal de la Transparencia del Gobierno de España ha actualizado el listado de ex altos cargos que están cobrando actualmente cesantías, figurando el citado exministro y cuatro antiguos secretarios de Estado de Rajoy entre los beneficiarios: Mario Garcés Sanagustín (Servicios Sociales e Igualdad), Carmen Martínez Castro (Comunicación), Juan Pablo Riesgo Figuerola-Ferreti (Empleo) y José María Lassalle (Sociedad de la Información y Agenda Digital), que percibirá una mensualidad de 6.549 euros.

El resto de miembros del Gobierno de Rajoy han renunciado a la pensión formalmente, por escrito y de forma expresa. Fátima Báñez, Iñigo Méndez de Vigo, Alfonso María Dastis, Rafael Catalá, María Dolores de Cospedal, Cristóbal Montoro, Juan Ignacio Zoido, Álvaro Nadal, Isabel García Tejerina y Dolors Montserrat renunciaron a esta prestación, hecho que les permite seguir ocupando su escaño en el Congreso de los Diputados y cobrar por su labor en el hemiciclo.

La exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría realizó la misma renuncia, ya que, a pesar de su reciente decisión de dejar la política activa, cuando prosperó la moción de censura de Pedro Sánchez y el PSOE llegó al Gobierno, ella aún mantenía su acta como diputada.

Función Pública ya ha comenzado a pagar las mensualidades que les corresponden

La llegada del PP a Moncloa, en medio de los casos de corrupción que habían afectado al partido, el Gobierno dio luz verde a un amplio paquete de medidas de regeneración democrática, entre las que figuraba la Ley de Transparencia y la Ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, que entró en vigor a finales de marzo de 2015.

El artículo 15 de esta última norma establece que los altos cargos no podrán «prestar servicios en entidades privadas que hayan resultado afectadas por decisiones en las que hayan participado» durante «los dos años siguientes a la fecha de su cese».

Si Íñigo De la Serna, José María Lassalle o algún alto cargo del Gobierno del PP tiene una oferta profesional debe comunicárselo a la Oficina de Conflicto de Intereses «con carácter previo a su inicio». Si ese órgano entiende que esa actividad privada vulnera esta norma, se le comunicará al interesado y a la entidad que le vaya a contratar, que «podrán formular las alegaciones que tengan por convenientes».

El Gobierno de Sánchez había dado orden al Tesoro para proceder al primer pago de estas pensiones con un retraso de más de tres meses. El Ejecutivo justificó esta demora afirmando que las indemnizaciones tenían que pasar por la Oficina del Conflicto de Intereses (aún vacante), dependiente tras el cambio de Gobierno del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, y que en estas fechas veraniegas ha habido un déficit de personal que ha paralizado todo. Incluso, a algún ex alto cargo se le ha tenido que pedir documentación adicional o números de cuentas bancarias concretos para poder realizar los ingresos mensuales.

El exministro de Fomento anunció a finales de julio que dejaba la política activa con la intención de pasar al sector privado tras veinte años de servicio público. De la Serna, que apoyó a Santamaría en las primarias, rechazó la oferta de integrarse en la dirección de Pablo Casado.

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