La Guardia Civil acusa a la cúpula independentista de usar «tácticas de delincuencia organizada»
El informe remitido al Supremo destaca también la «clara orientación» de los Mossos a la causa independentista
agencias
Madrid
Jueves, 15 de febrero 2018, 13:37
La Guardia Civil ha acusado a los líderes y principales responsables independentistas de Cataluña de actuar con "tácticas propias de la delincuencia organizada" amparadas en ... el "secretismo" y en un "lenguaje convenido propio", que demuestra "cierto conocimiento de las técnicas policiales de investigación". En un informe remitido al Tribunal Supremo, la Guardia Civil destaca que la cúpula independentista manejaba una hoja de ruta que "no fue fruto del azar" sino que estaba "suficientemente planificada" por etapas y pasos a seguir.
Explica que la suma de las leyes de desconexión, las estructuras de Estado, la estrategia de desobediencia y de conflicto, que recoge el documento Enfocats -considerado la hoja de ruta del independentismo- "era el cóctel ideal para forzar la desconexión y la ruptura y alcanzar su objetivo final: la independencia de Cataluña y la creación de un Estado propio".
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La Guardia Civil sostiene que "semejantes planes" los han llevado a "actuar con tácticas propias de la delincuencia organizada" y apunta al expresidente Carles Puigdemont, al exvicepresidente Oriol Junqueras y al exconseller de Asuntos Exteriores Raúl Romeva como los máximos responsables de organizar el referéndum.
Como ejemplo, señala que en el documento Enfocats se dice literalmente que "el plan de desconexión no se tiene que hacer píblico con detalle" y que "no hay que comunicar el funcionamiento de los órganos de coordinación del plan". Un "secretismo", precisa el informe, que se observó en las actuaciones que practicaron para la organización y ejecución del referéndum y en la votación del 27 de octubre que proclamó la Declaración Unilateral de Independencia (DUI).
El papel de los Mossos
Además, la Guardia Civil analiza el papel de los Mossos y concluye que "parece meridiano" que fueron utilizados más para funciones de protección y seguridad de los miembros del Govern cuando estaban incumpliendo la ley que para cumplir los mandatos judiciales o las investigaciones policiales.
Así, destaca que a lo largo del procésllevaron a cabo "hechos significativos y sorprendentes" que "denotan una clara orientación hacia los fines que persigue el proceso ilegal secesionista". Asimismo, señalan que la cúpula independentista estaba convencida de que "la Policía Autonómica obedecería a las leyes del Gobierno catalán y que se debían a este gobierno antes que al juez o a España".
El Govern gastó un millón en enviar cartas censales para el 1-O
La Generalitat catalana pagó alrededor de 1 millón de euros a la empresa de transportes Unipost para enviar cartas a los miembros de las mesas electorales y para tarjetas censales del referéndum ilegal del 1-O, según afirma la Guardia Civil. En un informe remitido al Tribunal Supremo, al que ha tenido acceso Efe, la Guardia Civil apunta que la cantidad gastada en estos conceptos está "aún por determinar", pero añade que se sitúa "sobre los 979.661 euros (sin IVA)".
También reitera que se calcula que el Govern de Carles Puigdemont gastó otros 502.639 euros, sin IVA, en publicidad en los medios de la convocatoria. "Se continúan realizando gestiones para determinar el coste del referéndum del 1-O", añade el instituto armado en su informe del pasado 1 de febrero. A este respecto, la interventora general de la Generalitat concluyó que los contratos firmados por la administración catalana con Unipost responden a "servicios postales ordinarios propios", no vinculados a "la financiación de ninguna actuación ilegal ni contraria a las decisiones de los tribunales".
En este sentido, la Guardia Civil dice en el informe que la asesoría jurídica de la Generalitat informó al juzgado de instrucción 13 de Barcelona (que investiga también el referéndum) de que "en ningún departamento de la Generalitat se ha producido coste económico en relación con el referéndum" y considera que esa afirmación "se contradice con las actuaciones que se están llevando a cabo, en las que se verifica que efectivamente sí se ha producido este coste", poniendo como ejemplo esos dos conceptos.
El informe explica que otra de las líneas de investigación de la financiación de la consulta es el Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña, conocido como Diplocat. La Guardia Civil hace referencia a cuatro transferencias relacionadas con el Diplocat, por un total de 159.700 euros, que se hicieron a Bruselas y a la delegación del Govern en Croacia.
En el caso de Bruselas, se trató de dos transferencias por un total de 119.700 euros hechas el 21 de septiembre y el 9 de octubre de 2017 con el concepto de "contrato de servicios" en las que figuraba como beneficiario The Hague Center for Strategic Studies.
La Guardia Civil señala que "numerosas fuentes" señalan a esta sociedad radicada en los Países Bajos "como la entidad que financió la presencia de una serie de personas para ejercer como 'observadores internacionales' en el referéndum del 1-O". Estas transferencias se hicieron desde la cuenta de la Delegación de la Generalitat ante la Unión Europea, que dirigía entonces Raúl Romeva, y concretamente las ordenó Amadeu Altafaj, representante ante la UE y director de esa entidad que fue cesado en aplicación del artículo 155.
El informe de la Guardia Civil asegura que a lo largo de las diversas intervenciones telefónicas se ha detectado la adopción por parte de los dirigentes independentistas de "unas precauciones en sus comunicaciones propias del comportamiento de la delincuencia organizada".
A modo de ejemplo cita los sistemas de comunicación que no son susceptibles de intervención como "WhatsApp, mensajes de Telegram con autodestrucción en cuestión de segundos, correos electrónicos con borrado casi inmediato", así como "diálogos prácticamente surrealistas donde hablan de esto, eso o aquel, sin concretar el asunto, objeto o persona".
Una forma de actuar, añade, que "pone de manifiesto que utilizan lenguaje convenido propio de la delincuencia organizada" y que "vendría a demostrar un cierto grado de conocimiento de las técnicas policiales de investigación", de forma que la Guardia Civil no descarta que hubieran tenido asesoramiento en esta materia.
Desobediencia y apoyo popular
Bajo esta estrategia, el texto señala que "los ideólogos del independentismo activaron mecanismos de desobediencia generalizada hacia las instituciones y resoluciones del Estado y prepararon a sus seguidores para un conflicto político, social y económico". Y añade que "lejos de rehuir (dicho conflicto) contemplaban generar, gestionar y ganar valiéndose de una incansable propaganda institucional, apoyándose en entidades independentistas, y contemplando la posibilidad de recurrir a la unilateralidad".
La Guardia Civil también subraya que los planes independentistas "solo podrían fructificar si impulsaban movilizaciones sociales permanentemente con las que obtener legitimidad democrática para imponer sus voluntades políticas". En este sentido, fue "clave" el papel de la ANC, Omnium y la Asociación de Municipios Independentistas (AMI) hasta el punto de que dos dirigentes independentistas comentaron que "gracias a la presión popular no se detuvo a Carles Puigdemont ni a Oriol Junqueras", porque los agentes sabían que si los detenían tendrían un problema y que gracias a esas movilizaciones ninguno había entrado en prisión.
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