El cisma entre el Gobierno y el PP lleva al fracaso la reforma de la ley de extranjería

Los socialistas intentaron a la desesperada salvar este primer escollo parlamentario para llevar la negociación hasta la fase de enmiendas y, una vez allí, estudiar las demandas de los populares. Bastaba, por tanto, que estos se abstuvieran en la toma en consideración, pero en Génova no se fiaban de la oferta y , además, veían «insuficiente» la reforma. «El problema migratorio no se acaba cuando lo declare el BOE. Ahórrense las críticas al PP, si aprobásemos esta nimia modificación no cambiaríamos nada», señaló su diputada Ana Isabel Alós durante su turno de intervención en el debate.

La reforma tenía por objetivo modificar el artículo 35 de la actual ley de extranjería para convertir en obligatorio el reparto de los menores no acompañados cuando una comunidad autónoma tenga su sistema de acogida saturado al 150% de su capacidad, como ocurre en Canarias –que alberga a 6.000 menas con un total de 3.000 plazas–. Una medida apoyada por el Ejecutivo canario del presidente Fernando Clavijo, que gobierna el archipiélago de la mano de los populares.

En esa línea, Cristina Valido, la diputada de su partido, Coalición Canaria, advirtió al hemiciclo del «drama» humanitario que se avecina en las islas y en otros puntos del país como Ceuta, Melilla o Andalucía si se incrementa las llegadas de inmigrantes en agosto. La parlamentaria insular llegó a pedir, incluso, que la reforma no se llegara a votar si no se alcanzaba un acuerdo antes de la finalización del pleno, para evitar que decayera. Un punto que también llegó a pedir el PP a última hora de la tarde, cuando el pesimismo ya se había instalado en el Gobierno. «Yo no puedo volver a Canarias diciendo que el Congreso ha votado que no», resumió Valido.

Ya inmersos en un rifirrafe que a buen seguro tendrá más capítulos este verano, los socialistas mantuvieron viva la reforma hasta su votación con el objetivo, afirmó su portavoz parlamentario, Patxi López, de que los populares «se retraten». Los de Feijóo, paralelamente, trataban de sacudirse estas acusaciones señalando a Junts, que justificó su voto en contra tras la negativa de Moncloa de excluir a Cataluña en el reparto de menores. Cuando se consumó el fracaso de la propuesta, en Ferraz culparon al PP de ser un partido «insolidario e inhumano», mientras Génova reprochaba al PSOE haber llevado la reforma a una votación perdida de antemano «para ir a por la batalla del relato», sentenciaron fuentes de la dirección del partido.

Los de Feijóo no habían variado un ápice las condiciones que habían puesto en los últimos días para apoyar la proposición de ley. «Para empezar a hablar les exigimos la declaración de la emergencia migratoria en todas las comunidades autónomas, una conferencia de presidentes autonómicos, la implicación de todos los ministros a los que les afecta la migración y poner en marcha un sistema de financiación para la acogida», exigió Alós.

Una visión que no comparte el Gobierno, que lamentan haber hecho «todo lo posible». Especialmente activos estuvieron ayer el ministro de Política Territorial, el expresidente de Canarias Ángel Víctor Torres, y la ministra de Infancia, Sira Rego. El primero mantuvo una negociación por teléfono con el portavoz del PP, Miguel Tellado, el lunes por la noche, y a primera hora de este martes ambos se intercambiaron mensajes. Pero la suerte ya estaba echada.

Paralelamente, Aragón, Galicia, Andalucía, Murcia, Castilla y León, Madrid, Extremadura y Baleares, comunidades gobernadas por el PP, anunciaron que presentarán un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo para que Pedro Sánchez convoque la Conferencia de Presidentes, que lleva más de dos años sin reunirse, para tratar asuntos como la inmigración o la financiación autonómica.